Un tribunal aplaza la lucha entre 'El Clarín' y el gobierno argentino
La batalla legal entre el Grupo Clarín y el gobierno argentino se postergó este jueves, tras dictarse la sentencia en la que un tribunal suspendió el cumplimiento de los artículos 45 y161 de la ley de medios, que le permiten mantener sus licencias en medios de comunicación.
Los jueces sostuvieron que “el levantamiento de la suspensión cautelar” que vencía este viernes traería consecuencias irreparables para la empresa multimedios, ya que “frustraría los efectos de una eventual decisión”. La reacción del gobierno acusa como “vergonzoso” el fallo de la justicia.
El ministro de defensa argentino, Julio Alak, y Martín Sabatella, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), aseguraron que acudirán al Tribunal Supremo argentino para derogar el fallo y formularon una acusación contra Clarín en la que señalan que los jueces y sus decisiones estaban compradas.
La Ley de Medios, ¿a qué se refiere?
El inicio del conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno argentino comenzó con la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, esta norma sustituyó a la vigente en la dictadura en los 80. La nueva norma dispuso terminar con la formación de monopolios y oligopolios, y puso límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias por tipo de medio.
Un mismo concesionario solo puede tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
La ley contempla la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a promover, desconcentrar y fomentar la competencia en las telecomunicaciones, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
A ningún operador se le permite que dé servicios a más del 35% del total de la población del país o de los abonados, según corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
La batalla que comenzaron el gobierno argentino y el Grupo Clarín
El titular de la AFSC, Martín Sabatella, aseguró el 3 de diciembre que esperaba que los grupos de medios que faltaban por presentar su adecuación lo hicieran antes de la fecha límite.
Grupo Clarín fue la única empresa que presentó un amparo ante las autoridades argentinas para aplazar las disposiciones impuestas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El ministro de Defensa argentino, Julio Alak, acusó al Tribunal de Justicia de provocar “un alzamiento contra una ley de la Nación y una burla a la voluntad popular” y generar "un conflicto de poderes” entre el Gobierno y la Corte.
De esta forma, el Grupo Clarín multimedios reaccionó y expuso sus inconformidades a través de un comunicado en su sitio de internet. “La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal”, se lee en el documento.
Durante el proceso, el gobierno y el Grupo Clarín han mantenido enfrentamientos legales en cuanto a la manifestación de ideas de algunos periodistas de la casa multimedia contra algunos funcionarios públicos, a quienes han acusado de “oportunistas” y “corruptos”. Dentro de los comentarios han estado tanto la presidenta de Argentina como Martin Sabatella, quienes han interpuesto denuncias contra los columnistas para buscar que se retracten de sus comentarios.
El gobierno ha reaccionado con discursos en televisión en los que condenan las prácticas monopólicas. “Sabías que unos 360 multimedios concentran 360 licencias de cable, radio y televisión abierta. El 73% de esas licencias son de un solo grupo y sea de quien fuere, eso es un monopolio. Por eso, la nueva ley no es en contra de nadie, sino está a tu favor”
La compañía Fintech Advisory Inc. dueña del 40% de la compañía Cablevisión, una de las empresas en televisión por cable más grandes de Argentina, se inconformó por las acciones tomadas por Grupo Clarín y exigió que la multimedia se sujetara a las disposiciones legales, ya que estaba incumpliendo con sus responsabilidades y vendiera una parte de sus acciones al consorcio de la televisión privada, de acuerdo con un cable de la agencia argentina de noticias Télam.
“La propuesta contemplaría como punto de partida para la consideración de la situación regulatoria de Cablevisión S.A. la venta, por parte del accionista mayoritario (Grupo Clarín), a terceros no relacionados, de la totalidad de su participación en el capital social que representa el 60% de las acciones que representan el capital social y derechos de voto en Cablevisión S.A., toda vez que la tenencia cruzada de licencias de servicios de comunicación audiovisual y la titularidad de múltiples registros de señales generaría diversos incumplimientos a la normativa vigente”.
En intervención de instancias internacionales el presidente de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que viajó este miércoles a Argentina y aseguró que el objetivo no es "defender al grupo Clarín" en su batalla contra la Ley de Medios, sino determinar "si está en juego la libertad de expresión y prensa" en ese país, reportó la agencia EFE.