Un fallo sobre trata de personas pone bajo la lupa a la Justicia argentina

El sistema judicial en Argentina se encuentra bajo el examen del gobierno y la ciudadanía, luego de que un tribunal de la provincia de Tucumán exonerara a 13 personas acusadas del secuestro de la joven María de los Ángeles Marita Verón, un caso insignia de la lucha contra la trata de personas en el país sudamericano.

Marita desapareció en 2002 cuando tenía 23 años y una hija de tres. Aunque su paradero es oficialmente desconocido, su familia sostiene que fue vendida por una red criminal con fines de prostitución, basados en testimonios de otras jóvenes secuestradas, de acuerdo con la agencia oficial Télam. 

Después de una década de búsqueda, su madre de Marita, Susana Trimaco, ha recibido el sobrenombre de la Madre Coraje, derivado del premio homónimo otorgado por el gobierno estadounidense en 2007, además del galardón argentino de derechos humanos Azufena Villaflor.

En la cruzada de Trimaco por encontrar a su hija, se han descubierto evidencias de redes de trata en las provincias de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, y se ha logrado rescatar a cientos de víctimas. Un día antes de conocer la sentencia la sentencia, la mujer dijo que su lucha incluye a “muchas hijas” que han padecido el mismo destino.

Luego de un llamado realizado el jueves por la presidenta Cristina Fernández, el Congreso argentino analizará en sesiones extraordinarias una reforma a la ley contra la trata. La iniciativa endurece las sanciones en la materia, aumentando las penas de cárcel de dos a cuatro años por explotación sexual simple, y de cinco a 15 años en casos de delitos agravados por que las víctimas resulten embarazadas o sean menores de edad.

Fernández reaccionó a la resolución del tribunal de Tucumán asegurando que hay un “divorcio entre sociedad y justicia”.

Inconformes con la medida protestaron el miércoles en varias localidades del país. Manifestantes jóvenes, varios de ellos encapuchados, atacaron a policías con piedras, palos y botellas después de tratar de derribar las vallas que resguardaban la representación tucumense en Buenos Aires, dejando al menos cuatro agentes heridos.

En Tucumán, unas 2,500 personas marcharon por la ciudad acompañando a David Catalán, pareja de Marita y padre de su hija, Micaela. “Tengo que ser fuerte por mi bella hija y por este maravilloso grupo de amigos que la acompaña desde siempre”, dijo. También se registraron manifestaciones de madres de desaparecidos, estudiantes y funcionarios en Ushuaia, La Pampa, Paraná y Salta.

Susana Trimaco, junto a su abogado, fueron los primeros en criticar la exoneración de los acusados del secuestro. “Esto fue un acto de corrupción, una estafa. Es una vergüenza para todo el país”, dijo el miércoles la madre de Marita. Horas después, la mujer anunció que apelaría el “fallo vergonzoso”.

Cristina Fernández respaldó a Trimaco en un encuentro realizado el miércoles. “Podés contar siempre conmigo”, le aseguró la mandataria, según información de la Casa Rosada. Al respaldo de Cristina ha seguido el de funcionarios de todos los niveles, incluyendo el gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien consideró “un hecho el juicio político contra los jueces” y anunció la salida de su ministro de Seguridad, Mario López Herrera, quien había tenido roces con Trimaco.

El tribunal que determinó la liberación de los 13 acusados del secuestro, integrado por Alberto Piedrabuena (presidente), Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero, fijó para el 18 de diciembre la lectura de los fundamentos de su resolución.

El descontento contra el juzgado tucumense ocurre mientras que el gobierno argentino mantiene otro conflicto contra la justicia derivado de la Ley de Medios , un intento de la administración por poner un tope al número de concesiones a empresas de comunicación, principalmente dirigido contra el opositor Grupo Clarín.

La Suprema Corte del país respaldó el martes una medida cautelar otorgada a Clarín contra un plazo fijado por la nueva ley de medios para que se deshaga de sus concesiones sobrantes.

“Hay una gran demanda de democratización en la sociedad”, dijo Fernández en referencia al sistema judicial el miércoles, tras conocer el fallo de Tucumán. También afirmó que los “los jueces se protegen entre ellos” y que el Judicial es el único poder que “tiene cargo asegurado para toda la vida”, ante lo que consideró necesario abordar un proyecto de “de control republicano” sobre él.

“Los tres poderes son independientes pero del Estado, y debemos preservar el bien común por encima de lo individual porque representamos el interés colectivo”, dijo.

Con información de Télam y EFE.