Argentina lleva la disputa de la Ley de Medios a la Corte Suprema del país
El gobierno de Argentina presentó este miércoles un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en el que insta al máximo tribunal argentino a fallar sobre la Ley de Medios Audiovisuales y poner punto final a la larga batalla judicial con el Grupo Clarín, el mayor consorcio multimedios del país.
El ministro argentino de Justicia, Julio Alak, dijo que el gobierno decidió "presentar el recurso de 'per saltum' ante la Corte Suprema de Justicia" para solicitar al máximo tribunal que "se aboque al tratamiento inmediato de la causa judicial que promoviera tiempo atrás el Grupo Clarín".
El recurso presentado "pretende una nueva declaración de constitucionalidad" de un artículo de la ley que marca los límites de licencias que puede tener un solo medio de comunicación, tal y como dictó el pasado viernes el juez de primera instancia Horacio Alfonso.
También se solicita el levantamiento de una medida cautelar que impide que el gobierno transfiera "de oficio" las licencias de Clarín que exceden el máximo legal permitido.
El ministro de Justicia aseguró en una rueda de prensa que se presentaron todos los requisitos necesarios que permiten al máximo tribunal asumir una causa de un tribunal inferior antes de que se agoten todas las instancias correspondientes en casos de gravedad institucional.
"La población considera con angustia y preocupada que una ley del Congreso no quiere ser aplicada", indicó Alak al justificar la gravedad institucional.
El máximo tribunal argentino deberá decidir si acepta este nuevo recurso de "per saltum", después de que el pasado 10 de diciembre le negó al gobierno uno solicitado anteriormente.
La Corte Suprema debe pronunciarse también sobre la apelación del gobierno contra la prórroga que dictó la Cámara de lo Civil y Comercial federal el pasado 6 de septiembre y que beneficia a Clarín para no haber acatado la nueva Ley de Medios el 7 de diciembre, la fecha límite de aplicación de la ley.
Tras el anuncio de Alak, el grupo Clarín dijo en un comunicado que "a lo largo de todo este juicio el Estado incurrió en maniobras dilatorias, que se exacerbaron una vez que la causa estuvo lista para sentencia".
"Así, desde septiembre el gobierno lanzó una inusitada campaña de amenazas y presiones contra la justicia, buscando correr a todos los magistrados que debían tomar decisiones en la misma", afirmó Clarín.
Asimismo, cuestionó que Alak sostuviera que la ley respeta la Constitución argentina y los tratados internacionales.
"Los artículos cuestionados demuestran lo contrario. Se vulnera la libertad de expresión y otros derechos constitucionales al desconocer las licencias de medios independientes, quitarle sustentabilidad a los mismos, favorecer a los grupos paraestatales y restringir a los medios de libre creación que no usan espectro radioeléctrico", sostuvo Clarín.
La Ley de Medios Audiovisuales fue aprobada por el Congreso argentino hace más de tres años, pero la aplicación de los artículos que obligan a fragmentar a los grupos que excedan el tope de licencias de radio y televisión ha sido aplazada debido a medidas cautelares dictadas por la justicia a petición de Clarín.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Clarín considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país.