El grupo bipartidista de senadores en EU presenta su propuesta migratoria
Un grupo bipartidista de senadores en Estados Unidos presentó formalmente este miércoles su propuesta legislativa en materia inmigratoria, con la seguridad fronteriza como pilar.
El proyecto de ley pretende evitar que los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos adquieran el estatus completo de residentes hasta que el gobierno tome las medidas necesarias para evitar que los trabajadores no autorizados consigan empleo en Estados Unidos, según un resumen que se publicó antes de que se presentara la propuesta.
La medida redactada por los senadores del Grupo de los ocho indica que los “sectores fronterizos de alto riesgo” —en los que se registran más de 30,000 cruces ilegales al año— deben sellarse antes de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados puedan empezar su viaje hacia la residencia legal.
Los legisladores conservadores insistieron en reforzar la seguridad fronteriza como una condición indispensable para la legislación y algunos demócratas están de acuerdo con esto.
Seguridad fronteriza por cuotas
La propuesta de ley establece criterios estrictos para la creación de una frontera segura y contempla un presupuesto de 3,000 millones de dólares para aumentar la seguridad en las fronteras, lo que incluye reforzar las cercas, aumentar el personal de la patrulla fronteriza y la compra de equipo de vigilancia al Departamento de Defensa —como naves no tripuladas y pilotos—, de acuerdo con el resumen de la propuesta.
El proyecto exige vigilancia constante de los cruces fronterizos de alto riesgo y que los oficiales encargados hagan volver a al menos al 90% de los que intenten cruzar ilegalmente cada año.
El camino a la ciudadanía
Los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, tendrán la posibilidad de aspirar a la residencia legal con algunas condiciones expresadas por la propuesta de ley. Los aspirantes no pueden tener condenas por delitos en Estados Unidos o en cortes extranjeras. Otras faltas menores, como la acumulación de tres incidencias de delitos como conducción imprudente o vandalismo, tambiénserían obstáculo para la posibilidad de residencia. La ley también considera anular las posibilidades de aquellos que hayan votado ilegalmente, que tengan alguna enfermedad contagiosa o que tengan una moral “cuestionable”.
Tiempo y dinero
La propuesta incluye el pago de una multa de 500 dólares por haber entrado ilegalmente al país y el pago de impuestos atrasados como condiciones para recibir un permiso provisional de estancia en el país. Ese permiso llamado estatus de inmigrante provisional registrado, permite trabajar en Estados Unidos y salir del país para regresar legalmente. El permiso tiene una duración de seis años y puede extenderse por otra cuota de 500 dólares si el interesado no ha tenido problemas con las autoridades. Después de 10 años como residentes provisionales, los inmigrantes pueden solicitar la residencia permanente siguiendo los mismos pasos que los inmigrantes formales. Ese proceso incluye el pago de una cuota de 1,000 dólares.
Tarjeta azul para trabajadores agrícolas
La propuesta incluye una nueva modalidad de residencia legal para los trabajadores en el sector agrícola, llamada tarjeta azul.
Los trabajadores de este sector que laboran ilegalmente pueden solicitar una tarjeta azul si han trabajado al menos 100 días en los dos años anteriores al 31 de diciembre de 2012. Los aspirantes deben pagar una cuota de 400 dólares, demostrar que han pagado impuestos y que no han cometido ningún delito. Durante los primeros cinco años se emitirán 112,000 tarjetas azules y quienes las tengan, podrán solicitar la residencia permanente en cinco años en lugar de diez, como es el caso de otros inmigrantes adultos que se encuentran ilegalmente en el país. La propuesta de ley también incluye salarios mínimos en varías categorías del trabajo agrícola.
Los miembros de la Asamblea de Representantes, liderada por los republicanos, también están redactando su propia reforma inmigratoria, que también contempla medidas de seguridad fronteriza.
