La Ley Patriota afronta su primera prueba tras la revelación del espionaje

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el 9 de agosto una revisión de los programas de vigilancia para aportar mayor transparencia después las críticas por su sistema de espionaje. La supervisión incluye la Ley Patriota (Patriot Act, en inglés), que se aprobó después de los atentados del 11 de septiembre y que ahora se enfrenta a su primera reforma.

Los críticos acogieron el anuncio como un paso adelante. "Sin las filtraciones de Snowden nadie hubiera conocido los programas, por lo que no se hubieran producido reformas", dijo en un comunicado el 11 de agosto el fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, en alusión a las revelaciones realizadas por Edward Snowden, exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, sobre el espionaje cibernético estadounidense.

Obama pidió al Congreso la reforma de la Ley Patriota , a la que se acoge el gobierno para la aplicación de los programas de vigilancia y el monitoreo de comunicaciones telefónicas y por internet, con el argumento de la prevención de posibles ataques terroristas. La postura de los legisladores se divide entre los que consideran "impactante" cómo Obama recurre a la norma, como dijo un congresista cuando se revelaron las escuchas, y los que defienden la legitimidad del presidente para hacerlo.

Para acallar las críticas de violación de derechos de privacidad, la administración Obama difundió el pasado viernes un memorándum de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que describe cómo iniciaron los programas que se acogen a la Ley Patriota. En el reporte, la agencia indicó que monitorea un 1.6% del tráfico mundial por internet y que sus analistas revisan sólo el .00004% del tráfico global.

Consulta el documento de la Agencia Nacional de Seguridad.

Un reporte del Departamento de Justicia de EU, también difundido por el gobierno el 9 de agosto, especifica las bases legales de los programas de espionaje. En él se establece que la recolección de datos se efectuaba bajo supervisión de la justicia y que las bases de datos solo se podían analizar en investigaciones terroristas. El documento expone que se llevaron a cabo respetando la Sección 215 de la Ley Patriota, además de la Primera y Cuarta Enmienda Constitucional, que protegen la libertad de expresión y prohíben la intromisión del gobierno en sus búsquedas.

La Ley Patriota, que nació a raíz de los ataques terroristas del 11-S, estuvo en el centro de la controversia emergente desde que se dio a conocer en junio la orden judicial que la administración Obama obtuvo para solicitar registros telefónicos de Verizon . La administración fue acusada de hacer una interpretación que fue demasiado lejos de la Sección 215. Antes de la polémica de Verizon, los que abogan por la privacidad habían criticado la ley, alegando que ampliaba demasiado el poder del FBI para espiar a los estadounidenses.

Ley Patriota de Estados Unidos (pdf)

El caso de Verizon marca una diferencia entre los presidentes Barack Obama y George W. Bush en cuanto a la obtención de registros telefónicos, de acuerdo con Tyler Newby, ex fiscal federal para delitos cibernéticos que trabajó en ambas administraciones.

La administración Bush también recolectaba bitácoras telefónicas: el mismo tipo de “metadatos” que la administración de Obama recopila de Verizon e incluso realizaban intervenciones telefónicas, pero lo hacía sin una orden judicial.

Ahora, la administración Obama invoca a la Sección 125 de la Ley Patriota (al igual que la Ley de Vigilancia de Inteligencia Externa, Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) como base de la orden judicial secreta que requiere los registros, que muestran los números telefónicos de los que se origina y donde se reciben las llamadas, su localización, la hora y la duración. Los procedimientos judiciales de la FISA, que se llevan a cabo en Washington, son secretos.

El conocimiento de esa orden judicial aceleró las críticas. El exvicepresidente Al Gore escribió en Twitter: “¿Soy yo o la vigilancia secreta es obscenamente indignante?”

“No conozco otra orden pública que haya sido revelada en la historia de Estados Unidos cuyo alcance haya tenido tanto efecto como ésta”, dijo Mark Rumold, abogado experto en libertades civiles digitales. “Ahora tienen las llamadas de Verizon de cada uno de los ciudadanos”, dijo Jonathan Turley, profesor de Derecho en la Universidad George Washington. “¿En qué punto los ciudadanos se levantarán y dirán que esta es la gota que derramó el vaso? Estamos llegando al poder autoritario”, dijo el académico a CNN.

“Creemos que la mayoría de los estadounidenses estarían impactados al conocer cómo las resoluciones judiciales secretas han interpretado la Sección 215 de la Ley Patriota”, dijo un senador de Oregon.

En la orilla contraria del debate, una senadora de California defendió cómo la orden se acogía a la ley, y dijo que la única opción para prevenir ataques terroristas era “una buena inteligencia para entender que se está tramando algo y actuar antes de que ellos lo hagan”, añadió Dianne Feinstein.

La renovación de la ley

El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2011 una extensión de cuatro años de tres medidas dentro de la denominada ley antiterrorista . Las dos Cámaras aprobaron por abrumadora mayoría la extensión de los poderes del gobierno para revisar los archivos financieros de presuntos terroristas y realizar escuchas electrónicas sobre objetivos "móviles".

Otra cláusula de la ley permite la vigilancia de sospechosos extranjeros no vinculados con grupos terroristas sino que presuntamente actúan de forma independiente. Los esfuerzos de los detractores para impedir la extensión porque otorga poderes al Ejecutivo que atropellan las libertades personales y permiten espiar a gente inocente fueron en vano.

Una de las voces críticas más recientes es la del senador Mark Udall, que pidió el 9 de junio la reapertura del debate sobre la Ley Patriota a nivel nacional. "Creo que la línea se ha dibujado demasiado hacia ‘Vamos a invadir su privacidad’ frente a ‘Vamos a respetar su privacidad’, dijo Udall en declaraciones a CNN.

Más allá del debate y de la reforma, el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, cuestionó el 31 de julio la efectividad de la Sección 215 , en concreto la utilidad de la recolección de los registros telefónicos para prevenir atentados.

“Si este programa no es efectivo, debe terminarse”, sugirió Leahy, al exponer que la lista clasificada de usos del programa de registros telefónicos “no reflejan docenas o inclusive varios complots terroristas que la Sección 215 haya ayudado a prevenir o desmantelar, sin hablar de los 54 casos que algunos han sugerido ”.

Con información de Michael Martínez y Evan Pérez.