Brasil dicta sentencia a condenados por corrupción en gobierno de Lula
Una veintena de reos condenados en el llamado Juicio del siglo en Brasil cumplirán de inmediato en prisión las penas que les fueron aplicadas en 2005 por participar en una red de corrupción que estremeció al gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión de la Corte Suprema solo excluye a tres de los 25 condenados debido a que dos de ellos fueron sentenciados por un solo delito por el que aún serán juzgados nuevamente. Tampoco cumplirá prisión inmediata el expresidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha por cuestiones técnicas referidas a una apelación aceptada este jueves sobre una sanción pecuniaria.
Entre los 22 reos que deben cumplir sus penas de inmediato figuran el exministro de la Presidencia José Dirceu , quien en la época era considerado la mano derecha de Lula, el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.
Dirceu fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión, pena que fue de seis años y 11 meses para Genoino y de ocho años y 11 meses para Soares.
Los tres fueron condenados por corrupción activa y asociación ilícita, pero aún tendrán derecho a un nuevo juicio por el segundo de esos delitos, lo cual pudiera reducir sus penas.
La decisión adoptada este jueves fue producto de una prolongada polémica que se zanjó con la postura de la mayoría de los jueces del Supremo en favor de que se ejecuten las penas, tal como había pedido la víspera la Procuraduría General de la República.
"En ningún país del mundo hay un derecho infinito a apelar", dijo el magistrado Roberto Barroso al apoyar esa decisión, que respaldó con una breve pero muy contundente frase: "El día de la condenación finalmente llegó".
Ahora el Supremo deberá librar las correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.
La pena más dura recayó sobre el publicista Marcos Valerio Fernandes, considerado como el operador de la red de corrupción que desviaba recursos públicos hacia dos de sus empresas de propaganda, que a su vez los entregaban luego al PT.
Fernandes recibió una condena a 40 años, cuatro meses y seis días de prisión por los delitos de lavado de dinero, corrupción, evasión de dividas y asociación ilícita, aunque pudiera ser reducida pues será juzgado nuevamente por la última de esas acusaciones.
El caso se refiere a un red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la corte sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
Unas horas antes de que el Supremo concluyera su sesión, Lula fue consultado sobre esa posible decisión mientras participaba en un acto público.
"Cuando la decisión se tome, estará tomada. Yo obedecía como presidente y ahora obedeceré como ciudadano", dijo el expresidente, quien fue investigado, pero finalmente no fue acusado porque el Supremo no halló pruebas suficientes en su contra.
