Autoridades de Kentucky se enfrentan por la aprobación de matrimonios gay

El gobernador de Kentucky contratará a abogados foráneos para apelar una sentencia de un juez federal sobre matrimonios entre parejas del mismo sexo, después de que el fiscal general del estado se negó el martes a tomar parte en futuras controversias legales.

La decisión requiere que las autoridades reconozcan formalmente los matrimonios legales entre gays y lesbianas que se realicen fuera de Kentucky.

La definición del matrimonio en dicho estado y en otros lugares “será y debería ser decidida en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos para poder otorgar una finalidad y certeza a este asunto”, dijo el gobernador Steven Beshear en un comunicado.

“La gente de este país necesita saber cómo se aplicarán las leyes de ahora en adelante. Kentucky debería ser parte de este proceso”, añadió el político del Partido Demócrata.

Ahora, Beshear le pedirá a una corte federal de apelaciones en Cincinnati que aplique la decisión hasta que se tome una determinación final.

El juez de Distrito, John Heyburn, bloqueó su propia sentencia para que tomara efecto hasta el próximo 20 de marzo.

“Sin una postura clara en el tema, la oportunidad para un caos legal es real”, dijo el gobernador.

La acción de Beshear se produjo minutos después de que una alta autoridad encargada de aplicar la ley, emitiera una emotiva defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Desde una perspectiva constitucional, el Juez Heyburn acertó en su postura, y a la luz de las recientes semtencias federales, estas leyes no sobrevivirán hasta que sean apeladas. No podemos desperdiciar recursos de la Oficina del Fiscal General siguiendo un caso en el que estamos casi seguros que no ganaremos”, dijo Jack Conway, también del Partido Demócrata.

“Tuve una conclusión inescapable de que, si lo hacía, hubiera defendido la discriminación. Eso no lo haré. Como Fiscal General de Kentucky, tengo que trazar una raya cuando se trata de discriminación”, dijo la autoridad.

Conway comenzó a llorar mientras decía que pensaba que “estaba haciendo lo correcto”, algo de lo que estaría orgulloso, tanto él como sus hijos.

Jack Conway se convirtió en el último fiscal general en respaldar los derechos de los homosexuales a la luz de varias sentencias de la corte, uniéndose a sus contrapartes de Pennsylvania, Virginia, Nevada y Oregon, así como la administración del presidente Obama.

Los grupos que apoyan el matrimonio “tradicional” criticaron la decisión de Conway.

“Resulta absurdo que el Fiscal General de Kentucky, Jack Conway, no esté cumpliendo con lo que juró cuando tomó protesta en su cargo-defender las leyes y la constitución del Commonwealth de Kentucky y el juicio de los ciudadanos de Kentucky que votaron mayoritariamente en este tema”, dijo Brian Brown, presidente de la Organización Nacional del Matrimonio. “Esperamos que los electores lo hagan responsable por abandonar su obligación jurada”.

En febrero pasado, Heyburn concluyó que las leyes de 16 años de Kentucky “violaban la Cláusula de Protección Equitativa del Artículo 14 de la Constitución de Estados Unidos, y estas son vacías e inaplicables”.

Los simpatizantes aplaudieron la decisión.

“Una creciente mayoría bipartidaria de estadounidenses saben que está mal el negarle a cualquier persona la libertad de casarse con la persona que aman”, dijo Marc Solomon, director nacional de la campaña Freedom To Marry. “Con un caso de matrimonio que potencialmente irá a la Corte Suprema en 2015, debemos continuar abogando para defender este caso alrededor del país, que todo Estados Unidos está listo para la libertad de matrimonio”.

Actualmente, 17 estados y el Distrito de Columbia reconocen el derecho de las parejas homosexuales para casarse.

El momento legal y político ha crecido desde que la Corte Suprema en junio de 2013 echó abajo una parte clave de una ley que no reconocía las uniones entre personas del mismo sexo para propósitos federales, lo que significaba que los homosexuales y lesbianas legalmente casados no podían gozar de los beneficios gubernamentales, como la deducción de impuestos.

Desde entonces, cortes federales y estatales en Utah, Virginia, Kentucky, Oklahoma, Texas, Nueva Jersey y Nuevo México han emitido sentencias que prohíben y violan la Constitución de Estados Unidos, o han permitido que este tipo de uniones legales comiencen.