EU pide al tribunal de la ONU no intervenir ante las sanciones contra Irán
LA HAYA - Estados Unidos pidió este jueves formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se abstenga de intervenir en sus diferencias con Irán y rechace la solicitud de Teherán, que reclama que se paralicen temporalmente las sanciones anunciadas por Washington en mayo.
El alto tribunal de la ONU llevó a cabo este jueves la última jornada de las vistas orales y dará a conocer su decisión "tan pronto como sea posible", dijo el juez presidente Abdulqawi Ahmed Yusuf.
En caso de que la CIJ decida paralizar de forma temporal todas o algunas de las sanciones contra Teherán, está por ver si Washington aceptará el fallo, pues ello depende de la voluntad de los Estados y, eventualmente, del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos tiene derecho a veto.
En su intervención final, el abogado de EU, Daniel Bethlehem, aseguró que Irán "mantiene en secreto documentos sobre armas nucleares", aunque no entró en detalles sobre esa acusación.
Los letrados estadounidenses se centraron en argumentar que no se cumple la condición de "urgencia", requerida por la CIJ para que se tome como medida provisional la suspensión de las sanciones.
En este sentido, Estados Unidos desvinculó los problemas económicos que actualmente sufre Irán de las medidas de Washington, algunas de las cuales ya han entrado en vigor, mientras que otras lo harán en noviembre.
"La mala administración del gobierno de Irán es la razón de sus problemas", dijo Bethlehem, que mostró unas declaraciones del presidente iraní, Hasan Rohaní, admitiendo que las dificultades en el país comenzaron alrededor de enero, cuando se produjeron protestas contra las políticas económicas del gobierno.
En otras declaraciones, recogidas en la página oficial del presidente iraní -utilizadas por los abogados norteamericanos- Rohaní afirmaba: "Algunos asuntos, como problemas en el sistema bancario o de liquidez, no tienen relación con las sanciones o la presión internacional, pues éstas han existido en el pasado".
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La representante estadounidense ante la CIJ, Jennifer Newstead, dijo al respecto que "Irán quiere convencer a la corte de que las sanciones provocarían daños irreparables. Es difícil de creer, pues son los mismos que había antes".
Esta posición choca con la mantenida por los abogados de Teherán, que aseguraron durante el juicio que decenas de empresas internacionales han abandonado el país y el rial iraní se ha hundido debido a las últimas medidas de Washington.
El origen de la controversia en La Haya es la decisión de EU de retirarse unilateralmente del acuerdo firmado con Teherán en 2015, junto a Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, por el cual se impusieron límites e inspecciones al programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
Sin embargo, Estados Unidos abandonó el pacto el pasado mayo y restableció las sanciones, a pesar de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) había confirmado en varias ocasiones que Irán estaba cumpliendo con lo establecido.
Teherán ofreció abrir negociaciones hasta dos veces el pasado junio para tratar las diferencias, pero EU lo rechazó, dijeron los abogados de Irán.
En su lugar, los estadounidense presentaron una lista con doce condiciones para paralizar las sanciones, entre las que se encontraban que Irán suspendiera su programa de misiles balísticos o retirase su apoyo a organizaciones consideradas como terroristas por Washington, asuntos que no fueron tratados en el acuerdo nuclear de 2015.
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Irán ha basado su recurso ante la CIJ en el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares firmado con EU en 1955, cuando ambos Estados aún gozaban de buenas relaciones.
Según Teherán, el paso dado por Washington supone una violación de varios apartados de dicho documento, pues en él se sanciona que ninguna de las partes debe "interferir en las operaciones entre los dos países".
Sin embargo, Estados Unidos asegura que un párrafo de dicho documento admite la posibilidad de tomar medidas "que regulen la producción o el tráfico de armas, municiones y material de guerra", lo que daría cobertura legal a Washington.
