El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó el domingo a los cuerpos de seguridad a usar "la fuerza letal" para combatir a pandilleros en el empobrecido país centroamericano en medio de una inusual ola de violencia.
El Salvador registró el viernes 24 homicidios atribuidos a las pandillas llamadas "maras" y se convirtió en la jornada más sangrienta desde que Bukele asumió su mandato el 1 de junio de 2019. El domingo fueron reportados otros 16 crímenes.
"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter, al señalar que "las maras están aprovechando que casi la totalidad" de la "fuerza pública está controlando la pandemia" del coronavirus.
"La policía y la Fuerza Armada deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario salvadoreño de 38 años prometió a policías y soldados que el gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean procesados por "defender la vida".
Sin entrar en detalles, llamó a la oposición política a "que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan al pueblo".
Actualmente, las autoridades de seguridad disponen de unos 23,000 policías y más de 7,000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuántos serán delegados para controlar el alza de asesinatos.
Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19.
De acuerdo con informaciones de la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60,000 miembros, ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.
El Gobierno también decidió aglutinar el domingo a miembros de pandillas rivales en celdas comunes en un intento por cortar la comunicación entre sus integrantes.
Bukele ordenó el viernes el confinamiento de todos los pandilleros, enviar a los cabecillas a encierro solitario y suspender todas las actividades en las prisiones.
Durante el fin de semana, las autoridades realizaron además requisas en al menos cinco cárceles. En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12,862 pandilleros, informó la Dirección de Centros Penales.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro gobiernos.
Debido, especialmente, al accionar de esos grupos, El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de homicidios, mismas que se han reducido paulatinamente desde 2015 con 103 por cada 100,000 habitantes hasta un índice de 36 en 2019.
Diferentes organizaciones han criticado el uso de la Fuerza Armada durante los últimos Gobiernos como una medida para pilar del combate a las pandillas, lo que, a juicio de estas entidades, "implica un retroceso en la construcción de una sociedad democrática" y contribuye a "la aparición de nuevos fenómenos de violencia".
La experta en temas de seguridad y pandillas Jeannette Aguilar dijo recientemente a Efe que Bukele ha adoptado "una política de mano dura que es utilizada para un marketing político con un aumento del Ejército en las calles, que al final no se justifica a la luz de ninguna emergencia nacional".
A las críticas de las organizaciones de derechos humanos se han sumado la oposición política y otros sectores, lo que ha llevado a enfrentamientos entre órganos de Estado.
El pasado 9 de febrero, Bukele ingresó a la sede del Congreso con militares y policías fuertemente armados como una medida de presión para que los diputados aprobaran un préstamo para seguridad.
Recientemente el mandatario salvadoreño, que llegó a la Presidencia bajo la bandera de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ha reñido con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que le ha valido que muchos en redes sociales le llamen "dictador".
Con información de EFE y Reuters
