Los manifestantes inconformes con los gobiernos de Irak, Hong Kong y Ecuador han regresado a las calles a pesar de que en estos lugares aún están vigentes confinamientos para impedir la propagación del nuevo coronavirus.
La pandemia de COVID-19 fue un respiro para l autoridades de estos territorios, que se vieron asediados por las protestas a finales del año pasado. Sin embargo, problemas como la falta de apertura democrática y la mala distribución de los recursos permanecieron latentes.
La policía de Hong Kong anuncio este lunes la detención de 230 personas, entre ellas un niño de 12 años, durante el fin de semana, en las primeras protestas políticas en el territorio desde que empezó la pandemia de coronavirus.
La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, favorable al poder de Beijing, prometió este lunes una reforma educativa porque considera que el sistema actual contribuye a alimentar el movimiento prodemocracia, que el año pasado sacudió este territorio chino.
"En lo que concierne la manera, en el futuro, de abordar las clases de 'liberal studies' [una clase de cultura general para desarrollar el espíritu crítico] vamos a clarificar las cosas antes de que termine el año", declaró en una entrevista publicada el lunes por el periódico Ta Kung Pao, favorable a Beijing.
El domingo, dos días después de que se levantara entre otras la prohibición de reunirse por el coronavirus, la policía antidisturbios dispersó a los manifestantes que se juntaron en varios centros comerciales del distrito de Mong Kok, usando gas pimienta y porras.
Según los responsables hospitalarios, 18 personas resultaron heridas.
En medio de nuevas tensiones políticas, las declaraciones de Lam podrían suscitar la cólera de los militantes prodemocracia de Hong Kong, que temen que Beijing reduzca las libertades que tiene el territorio.
Entre junio y diciembre de 2019, Hong Kong vivió grandes manifestaciones, acompañadas de enfrentamientos entre radicales y policías para denunciar la influencia de Beijing.
Más de 8,000 personas fueron detenidas. Cerca de un 17% eran estudiantes de secundaria.
Cientos de estudiantes ecuatorianos, desafiando a las restricciones sanitarias aplicadas por el coronavirus, realizaron este lunes en Quito una "manifestación biosegura" contra los recortes presupuestarios a las universidades.
Como ya lo hicieran la semana pasada, los estudiantes, ataviados con mascarillas y guardando el distanciamiento físico entre ellos, se congregaron en las inmediaciones de la Universidad Central (Estatal) de Quito para rechazar los ajustes impuestos por el Gobierno a la educación.
"La Educación es un derecho, no es un privilegio", fue la consigna central de la marcha que recorrió de forma pacífica varias calles de la ciudad, ante la atenta mirada de un grupo de policías que resguardó la seguridad.
"En las calles nos verán hasta tener una educación pública y de calidad" y "La educación es un gasto cuando te quieren ignorante", fueron varias de las pancartas que destacaron durante la manifestación.
Uno de los manifestantes, Lenín Miranda, de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, indicó a Efe que la medida de presión obedece a los permanentes recortes que el gobierno ha aplicado contra los centros académicos.
"Ya tuvimos un recorte en diciembre y otro a principios de este año", reveló Miranda al señalar que un 30 por ciento de los profesores con contrato están en riesgo de ser desvinculados por la merma financiera ordenada por el gobierno.
El profesor universitario se lamentó que este tipo de acciones gubernamentales haya llegado en plena crisis sanitaria, por la expansión del contagio del COVID-19.
Insistió en que el recorte presupuestario a las universidades podría generar un impacto negativos en actividades claves como la investigación científica, la vinculación de las universidades con la sociedad y el desarrollo nacional.
En septiembre de 2019, miles de personas -principalmente indígenas- protestaron contra el presidente Lenín Moreno. El motivo fue la eliminación de un subsidio a los combustibles. Las protestas 12 días después terminaron cuando Moreno se comprometió a retirar esta medida.
El nuevo gobierno de Irak se comprometió el sábado a liberar a los manifestantes detenidos por haber participado en la revuelta popular de octubre, y también prometió justicia e indemnizaciones para los familiares de las más de 550 personas que murieron en las protestas.
El anuncio llegó en un discurso televisado, retransmitido el sábado por la noche tras el primer Consejo de ministros del primer ministro Mustafa al Kazami, que era jefe de los servicios de inteligencia cuando estalló la peor crisis social que haya conocido Irak desde el derrocamiento de Sadam Husein.
Kazami prometió "la verdad sobre todos los acontecimientos", mientras que en las redes sociales cunden los llamados para reiniciar las manifestaciones a partir del domingo.
El primer ministro se comprometió a "hacer que se rindan cuentas a todos los que hayan derramado sangre iraquí", pese a que su predecesor, Adel Abdel Mahdi, hubiera insistido en repetidas ocasiones que no se podía encontrar a los "francotiradores no identificados" que abatieron a decenas de manifestantes, que reclamaban una renovación total del sistema y de la clase política.
A pesar del anuncio de buena voluntad de Al Kazami, manifestaciones marcadas por breves enfrentamientos con la policía se registraron el domingo en varias ciudades de Irak, entre ellas Bagdad.
Decenas de manifestantes estaban reunidos en la emblemática plaza Tahrir de Bagdad, donde aún hay decenas de tiendas de campaña siete meses después de iniciadas las protestas, constató un fotógrafo de la agencia AFP.
"Hoy estamos enviando un mensaje. Damos 10 días (...) y si (el gobierno) no satisface nuestras reivindicaciones, vamos a endurecer nuestro movimiento", afirmó a la AFP el estudiante Mohammed en la plaza Tahrir.
El 1 de octubre, una revuelta inédita por su espontaneidad y su amplitud estalló en Irak, provocando la peor crisis social de su historia reciente.
El movimiento de protesta que reclamaba la reorganización completa de una clase dirigente que consideraba corrupta se debilitó después de haber sido reprimido con sangre, con más de 550 muertos, y las medidas adoptadas por las autoridades frente a la pandemia de COVID-19 lo hicieron prácticamente desaparecer.
Con información de EFE y AFP
