Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el tribunal podrá avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el BoE por Ortega, que le acusó de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
El fallo servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
Durante el juicio de la semana pasada, el letrado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como "presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones creíbles", en la práctica "mantiene lazos diplomáticos" con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno de Londres reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de "una sola voz" aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.
Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela como "soberanos", sin someterlos a escrutinio, debido, dijo, a que "no son justiciables" en jurisdicción británica.
