Chile decide este fin de semana quién escribirá su nueva Constitución

Sin embargo, la relevancia de la elección del próximo fin de semana no se limita a saldar viejas cuentas del pasado: también promete abrir un camino para dar respuestas a las urgentes demandas del presente.

“Chile se volvió un referente en los últimos 30 años dentro de los países en desarrollo por haber logrado un crecimiento económico elevado y avances en muchas áreas, pero en ese período se mantuvo la desigualdad estructural en término de ingresos y de oportunidades para el acceso a la educación y a la salud”, dice el analista político Guillermo Holzmann, socio-director de Analytyka Consutores, en Santiago.

“Dar respuestas a esos déficits es el desafío que tendrá la nueva Constitución”, agregó.

Para buena parte de la sociedad chilena, la Constitución aún vigente es una camisa de fuerza que la dictadura de Pinochet legó a la democracia.

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Aunque los gobiernos que se sucedieron desde 1990 fueron eliminando algunas herencias del texto original, como la designación de senadores no electos por el voto popular y el rol otorgado a las Fuerzas Armadas como únicas garantes del orden institucional, se mantuvieron las restricciones que la Carta Magna impone al Estado para garantizar el acceso a derechos sociales básicos.

Las consecuencias de ese repliegue del Estado fueron disimuladas por el vertiginoso crecimiento económico que registró el país desde el retorno de la democracia. Con un PIB per cápita que pasó de unos 2,500 dólares a casi 15,000 dólares en los últimos 30 años, Chile se convirtió en un modelo económico para América Latina.

No obstante, si bien el crecimiento logró reducir con fuerza los niveles de pobreza, los beneficios no fueron repartidos de manera equitativa. En 2019, mientras el 20% más rico de la población percibía el 52% del ingreso total, el quintil más pobre, apenas el 5%, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

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A eso se sumó el estallido de la crisis del sistema previsional privado, un modelo de capitalización que fue replicado por México y otros países de la región. En la actualidad, casi el 80% de los jubilados en Chile percibe ingresos por debajo del salario mínimo.

Esa situación estructural, que se profundizó con la desaceleración del crecimiento económico a partir de 2013, fue generando el clima que terminó con un inédito estallido social en octubre de 2019. Para superar la crisis política provocada por las masivas y violentas protestas que fueron seguidas por una brutal represión policial, los partidos políticos acordaron avanzar en un cambio de la Constitución como vía para darle un cauce institucional a las demandas.

El primer paso de ese proceso ocurrió el 25 de octubre del año pasado, cuando el 78.2% de los electores aprobó la redacción de una nueva Carta Magna. En ese plebiscito, los chilenos también decidieron que el texto sea redactado solo por convencionales electos, y no por una comisión mixta formada por convencionales y también parlamentarios.

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Chile ya decidió escribir una nueva constitución, ¿ahora qué sigue? El país sudamericano ahora deberá elegir a los 155 integrantes de la Convención que redactará la nueva Carta Magna, que sustituirá a la escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Bajo ese esquema, en los últimos meses se fueron formando las listas que irán a la elección del próximo fin de semana. Los partidos políticos se agruparon en tres grandes coaliciones: la de Chile Vamos aglutina a los partidos de derecha que actualmente ejercen el gobierno, la Lista del Apruebo está conformada por partidos de centroizquierda, y Apruebo Dignidad reúne a los partidos de izquierda.

Además, hay 79 listas de independientes. Algunas de ellas representan a organizaciones con un foco específico, como las que dan prioridad a la defensa del medio ambiente o las que ponen el foco en las reformas al sistema de pensiones, y otros se presentan solo con un discurso anti partidos.

“Será una elección muy sui generis, muy distinta a las anteriores”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera Ciencias Políticas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en Santiago.

“La gente dice que quiere independientes, pero muy probablemente terminará votando por personas que conoce: pese al discurso anti partidos predominante, el peso que tienen esas estructuras y el conocimiento que tiene la población de los políticos hacen que tengan más posibilidades de obtener una alta votación”.

De todos modos, en sintonía con las demandas de mayor renovación política ante niveles de aprobación que tanto para el gobierno como para el Congreso no superan el 10% en las encuestas, incluso las listas conformadas por partidos políticos presentan muchos postulantes sin historia partidaria.

De hecho, el 62% de los candidatos en las elecciones convencionales no está afiliado a ningún partido, solo el 23% tiene experiencia política previa y apenas el 27% alguna experiencia pública.

El rumbo de Chile en los próximos años

El resultado que surja de las urnas —también se elegirán gobernadores, alcaldes y concejales en todo el país— anticipará hacia dónde se dirigirá Chile en los próximos años.

“Además de debatir los parámetros sobre los cuales el Estado deberá garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el resto de derechos humanos básicos, estarán sobre la mesa otras cuestiones fundamentales como la propiedad de los recursos naturales, la forma de gobierno, el futuro de las pensiones y los derechos de los pueblos originarios”, dice Holzmann.

Dado que la aprobación de cada artículo requerirá de al menos dos tercios de los convencionales, el trabajo en la búsqueda de consensos será intenso. “Hay dos hipótesis excluyentes y aún no se sabe cuál prevalecerá”, dice Heiss.

“Por un lado, hay quienes sostienen que como será difícil alcanzar los dos tercios, lo más probable es que el resultado sea una Constitución mínima, que no sea un texto con muchas cláusulas porque cada una requerirá una negociación ardua; por el otro, hay quienes piensan que cada grupo negociará lo que quiera de la Constitución a cambio de otros temas no prioritarios y, producto de esas transacciones, quedará un texto incoherente”.

Como sea, las demandas por una mayor igualdad ya empezaron a tener respuesta con las pautas que se establecieron para la elección de los convencionales constituyentes. Será la primera votación con paridad de género en Chile ya que se estableció que las listas de candidatos estén alternadas por una mujer y un varón. Además, 17 asientos de la Asamblea Constituyente fueron reservados para representantes de pueblos indígenas.

La elevada fragmentación de listas y candidatos, sumado a que se trata de una elección inédita en la historia de Chile, impidió a las encuestadoras anticipar con claridad hacia dónde podría inclinarse la mayoría de los chilenos.

“Los sondeos anticipan bastante poco, aunque hay consenso de que Chile Vamos —la lista que representa al oficialismo— tendría alrededor del 30% de los convencionales”, dice Holzmann. “Si eso se cumple, esa lista estará cerca de bloquear los acuerdos de las otras, lo que anticipa un proceso de negociaciones intensas”.

Los convencionales electos tendrán 9 meses, y si es necesario tres meses más, para redactar el nuevo texto. Una vez concluido, la propuesta constitucional será sometida a otro plebiscito para que la ciudadanía la avale o la rechace.

En medio de ese proceso, los chilenos deberán elegir el 21 de noviembre al sucesor del presidente Sebastián Piñera, además de renovar toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. La redacción de la nueva Constitución en medio de la campaña electoral es otro factor que podría incrementar las dificultades para alcanzar consensos mínimos.

En cualquier caso, los chilenos buscarán establecer un nuevo pacto social que permita consolidar los avances de las últimas tres décadas y, a la vez, dar respuesta a las materias pendientes. Esos acuerdos deberán expresarse en una Constitución que será redactada por primera vez en la historia de Chile en tiempos de democracia plena y con una participación social activa.

“Habrá límites en la acción del mercado ante un Estado ausente que ha quedado en evidencia con la pandemia, pero cómo se regularán esas cuestiones en la nueva Constitución es todavía una incógnita”, dice Holzmann.

“La gran duda es si la Convención dejará pasar esta oportunidad enfocándose en hacer críticas a los 30 años de desigualdad que dieron paso al estallido de octubre de 2019 o si aprovechará este proceso para avanzar en dar respuestas a los nuevos desafíos que se plantearán en los próximos 30 años”, concluyó.