Organismos piden la liberación del presidente de Globovisión
Mientras el dueño de Globovisión, Guillermo Zuloaga, llegó al Palacio de Justicia de Caracas para una audiencia de presentación tras su arresto en el estado Falcón, su detención levantó voces de protesta en diversos foros iberoamericanos.
Desde la OEA, pasando por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se condenó la detención del empresario televisivo.
En la propia empresa, la vicepresidenta, María Fernanda Flores, dijo a CNN en Español que Globovisión estaba siendo objeto de una persecución por parte del gobierno chavista, pero ofreció seguir cubriendo la realidad en el país.
En el sitio de Globovisión.com, se informó que Zuloaga, a quien se le detuvo por sus declaraciones ante la Asamblea de la SIP, ya estaba rindiendo declaraciones.
El presidente de Globovision, el único canal venezolano de televisión que mantiene una programación crítica al gobierno de Hugo Chávez, ya tenía una orden de aprehensión, aunque él negó que tuviera cargos pendientes.
Según el sitio, Zuloaga dijo que si la detención guarda relación con lo que dijo en la SIP, él no ha cometido ningún tipo de delito al opinar.
El diputado Manuel Villalba, de la Asamblea Nacional de Venezuela, había pedido su detención por haber violado presuntamente la ley al difundir información falsa que causó pánico y descontento en Venezuela.
Por su parte, la CIDH emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la detención de Zuloaga.
La CIDH dijo que pedirá al gobierno de Venezuela información sobre la detención del empresario toda vez que se realizó por declaraciones en la Asamblea de la SIP.
En su comunicado, la CIDH expresó su "profunda preocupación por la detención de Zuloaga, que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que produce un efecto amedrentador que se extiende a toda la sociedad".
José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (de la que depende la CIDH) se dijo “preocupado por las repercusiones políticas, nacionales e internacionales, de esa situación. Asimismo, le pido a las autoridades venezolanas la pronta liberación de Zuloaga y, en caso de ser procesado, que sea con respeto y con las garantías de ley”.
Previamente, la SIP había condenado la prohibición del gobierno a que Zuloaga saliera del país. El presidente, Alejandro Aguirre, lamentó la situación del empresario y dijo que su probable detención “"confirma la censura y hostilidad gubernamental contra los medios que nuestra institución viene denunciando desde hace una década".