Jalisco confía en que la Corte castigará a los asesinos de Posadas
Porque a casi 17 años del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no hay sentenciados y porque el Ministerio Público incurrió en actos de corrupción en la investigación del magnicidio, el gobierno y la iglesia Católica de Jalisco piden ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso.
El 24 de marzo, el gobierno de Jalisco solicitó a la SCJN atraer el caso Posadas; el martes pasado la Corte admitió la petición y turnó el caso al Ministro Juan N. Silva Meza para que analice si procede o no dicha solicitud.
En un comunicado, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez expuso este jueves los motivos que llevaron a su gobierno y a la Iglesia católica tapatía, a pedir el 2 de abril pasado la intervención del máximo tribunal.
“Es de gran importancia el análisis, el estudio y la investigación de aquéllas personas involucradas y que tenían la capacidad y el poder de desplegar conductas necesarias para privar de la vida al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en la forma en que lo hicieron, primero con amenazas, luego, con el homicidio público y notorio, para que no quedara duda del poder de los homicidas, casi diríamos como una acción ejemplar para que nadie actúe en contra de sus intereses”.
Indica que las líneas de investigación que hasta hoy ha seguido la Procuraduría General de la República (PGR) no llevarán al esclarecimiento del asesinato de Posadas y seis perdonas más.
”Si el Ministerio Público se corrompe, los gobernadores no podemos quedar a merced de esta traición, no podemos permitir que se dañe a las personas o comunidades de nuestro pueblo, por ello, es urgente la intervención de nuestro máximo Tribunal para preservar el ejercicio de una justicia pronta y expedita, imparcial y comprometida con la sociedad...”, se lee en el comunicado.
Desde la llegada del gobierno panista hace 15 años a Jalisco, los tres gobernadores en turno han apoyado a la iglesia en su hipótesis de que el asesinato del Cardenal Posadas, fue un crimen de estado.
”Existen constancias de que el Señor Cardenal Posadas era una persona que siempre se comprometió con la verdad y señaló los errores, las corruptelas y otras acciones que causan daño a las personas y as su pueblo, que tenía una gran autoridad moral y un ejercicio auténtico de liderazgo comprometido con la sociedad en la denuncia de injusticias y arbitrariedades”, agrega en el comunicado el gobernador.
En un amplio texto, el mandatario estatal hace un recuento de los hechos ocurridos el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, donde murieron el Cardenal Posadas; Pedro Pérez; Martín Aceves; Francisca Rodríguez; Juan Manuel Vega; José Ramón Flores y José Beltrán.
Enumera las cuatro hipótesis bajo las cuales ha caminado la investigación en manos hasta ahora de la PGR: la del fuego cruzado que establece que el Cardenal habría muerto por accidente en una balacera entre dos bandas del narcotráfico; la de la confusión en la que los sicarios habrían matado al prelado en lugar del Chapo Guzmán; la existencia de una tercera banda comandada por Humberto Rodríguez Bañuelos (a) La Rana y la cuarta la de la de confusión generalizada.
”Con estas hipótesis no se satisface la garantía de conocer la verdad y el derecho de los mexicanos a la información; después de más de 16 años de ocurridos los hechos existe una clara denegación de justicia”.
El mandatario hace énfasis en la obligación que tiene como cabeza del gobierno de exigir el esclarecimiento y castigo de los responsables de este magnicidio.
”Los mexicanos y los jaliscienses tenemos derecho a conocer la verdad. En la actualidad hemos conocido por las investigaciones de historiadores, cómo los diversos magnicidios en nuestra patria han quedado impunes. Hoy ante este magnicidio la sociedad civil y diversas autoridades y legisladores exigimos conocer la verdad de los hechos y en su caso que se castigue a los responsables”.
