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"Actitud neoporfirista, la toma de las minas Cananea y Pasta de Conchos"

El líder refugiado en Canadá, asegúró que el uso de fuerzas federales violan los derechos de los mineros de convocar a huelga
mar 08 junio 2010 10:43 AM
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La toma de las minas Cananea y Pasta de Conchos por parte del gobierno federal son una arbitrariedad, aseguró en una entrevista radiofónica Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero.

“Estamos regresando a 100 años de la Revolución, a una hecho histórico, a una actitud neoporfirista, de agredir el derecho de los trabajadores de realizar una huelga, de violar el marco inconstitucional”, acusó Gómez Urrutia, quien está refugiado en Canadá desde hace 3 años y cuyo liderazgo sindical no es reconocido por las autoridades mexicanas.

El domingo 6 la Policía Federal tomó las instalaciones de la minera Mexicana Cananea (Sonora) , que no tenía actividades desde el 31 de julio de 2007.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Urrutia cuestionó que ahora las autoridades del Gobierno federal y la empresa Grupo México inviertan más de 58,000 millones de dólares para la reactivación de la mina en Cananea.

Los mineros de la sección 65 que iniciaron la huelga en 2007 en Cananea exigían mejoras laborales y mayor seguridad, situación que nunca se resolvió, según Gómez Irrutia.

“No le va a ser fácil a la empresa poner (a Cananea) en operaciones”, apuntó.

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Pasta de Conchos

Este lunes agentes de la policía de Coahuila también tomaron las instalaciones de la mina Pasta de Conchos,  donde familiares de mineros fallecidos en un accidente ocurrido en febrero de 2006 mantenían un plantón.

Sobre la situación de Pasta de Conchos, que también opera con Grupo México, lamentó que la empresa cierre la mina cuando aún hay 65 cuerpos de mineros enterrados.

“En Virginia, donde murieron 29 mineros, los cuerpos fueron rescatados y entregados a sus familias, les dieron una indemnización de 3 millones de dólares. A las familias de Pasta de Conchos sólo 70 mil pesos”, agregó Napoleón Gómez.

Gómez Urrutia, quien ha sido dirigente del sindicato minero, fue demandado por trabajadores y ex trabajadores mineros por el presunto desvío de 55 millones de dólares, por lo que la Procuraduría General de la República emitió una orden de arresto para su búsqueda y extradición.

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