"No queremos saber nada del Gobierno", dice familia víctima del Ejército

La habitación de Alejandro, de 15 años de edad, sigue tal como la dejó el 5 de septiembre pasado, cuando salió con su familia a visitar a una tía, al municipio de Salinas Victoria.

Su madre, Patricia Castellanos, se recupera de las heridas de bala que le provocaron los soldados. Aún no regresa a su trabajo, pero pronto se levantará otra vez a las 5 de la mañana para preparar los tamales que vende en una calle de Monterrey.

"Pienso a mi hijo todos los días, lo extraño siempre, veo sus cosas y no puedo tocarlas, ¿qué tal si un día viene y se molesta porque ya le desacomodé todo? Pero uno tiene que levantarse y seguir con su vida", dice Patricia a CNNMéxico.

El pasado 5 de septiembre Patricia no sólo perdió a su hijo menor, también a su esposo, Vicente León, que murió en el hospital. Esa noche, la familia León Castellanos viajaba de regreso a Monterrey cuando fue atacada por un convoy militar al que trataron de rebasar . Además de las dos víctimas, cinco más resultaron heridos.

El domingo pasado, un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció el inicio de una "acción penal" contra un capitán, un cabo y dos soldados de infantería "como probables responsables del delito de violencia contra las personas causando homicidio".

"Fueron más de cuatro los que nos atacaron. Tienen que meterlos a la cárcel a todos, mataron a mi familia", reclama Patricia, que apenas "sabía algo" sobre el proceso judicial, pues ninguna autoridad se lo informó.

Mientras que este lunes, tras participar en la ceremonia cívica de homenaje a los Niños héroes, Cuauhtémoc Antúnez, General en jefe de la Séptima Zona Militar, dijo a los medios que habrá justicia para la familia León Castellanos, pues "no hay intocables" en el Ejército.

Patricia dice que ya no espera nada del Ejército. "Ya no quiero escucharlos, lo que quiero es tener mi vida como antes".

Para el coordinador de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Humberto Guerrero, la Sedena está admitiendo con su comunicado su responsabilidad en lo ocurrido, lo cual no sucedió en casos similares, como el de la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey o los niños Brayan y Martín Almanza .

"Esta decisión de investigar y procesar es acertada, debemos resaltar la celeridad con que actuaron, pero insistimos en que el ideal es que este tipo de caso llegue a tribunales civiles, que sea más transparente y éste y los otros casos sean investigados como homicidio", indicó Guerrero.

Y es que estos cuatro militares, como cualquier soldado que es acusado de cometer un delito, serán juzgados por un tribunal militar, aplicándoles el código correspondiente.

El llamado 'fuero militar' ha sido criticado por organizaciones nacionales e internacionales, e incluso se discutió su desaparición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero los magistrados no alcanzaron ningún acuerdo .

Bajo estas normas, según Guerrero, los soldados podrían pasar entre 10 y 30 años en la cárcel si se les encuentra culpables, mientras que bajo la justicia civil podrían pasar entre 20 y 40.

"No se trata de prejuzgar sobre su responsabilidad, sino de que las investigaciones sean transparentes. Aparentemente, la Sedena tiene la voluntad de juzgar sus crímenes, entonces debe ser congruente y actuar de la misma forma en casos anteriores y permitir a la justicia civil que lleve los casos de cara a la sociedad", dice el abogado.

"La justicia debe hacerse, pero también debe parecer que se hace. Si el Ejército quiere recuperar la confianza de la gente, tiene que hacer justicia en procesos claros y asumir su responsabilidad", concluye.

CNNMéxico buscó a un representante de la Sedena para obtener más detalles sobre el proceso que enfrentan los cuatro militares, o saber si la justicia militar aprehenderá a otros involucrados en este u otros casos, pero sus oficinas de Comunicación Social aseguraron que no se harán más declaraciones al respecto.

En tanto, la oficina de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, pese a las declaraciones del Ejército, seguirán con la investigación que la propia familia León Castellanos solicitó.  

El pasado 30 de agosto, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, advirtió que la presencia del Ejército en las calles ha hecho vulnerable a la población civil .

Afirmó que desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón inició la llamada ' guerra contra el narcotráfico ', el número de quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos se ha triplicado.

José Luis, de 28 años, hermano de Alejandro, dice en entrevista que no seguirán de cerca el proceso judicial, "no por el momento".

"Todos estamos muy mal, seguimos sin entender qué pasó, no queremos saber nada del gobierno, ni nada del caso. Lo que queremos es tratar de seguir con nuestras vidas, terminar de llorar y aceptar que nunca van a  regresar".