Juarenses, víctimas del crimen y de las propias autoridades
Después de dos desmayos producto de los golpes y quemaduras, y ante la amenaza de que los policías violarían a su esposa, Israel Arzate dijo finalmente que sí había participado en el asesinato de 16 adolescentes en la popular colonia de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en el norte de México.
Su esposa y su madre lo habían buscado durante varias horas, luego de que vendedores del centro comercial donde trabajaba les dijeron que un grupo de militares acompañados de civiles se habían llevado a Israel.
Ni en hospitales ni en agencias policiales les informaron sobre su paradero. Supieron que estaba detenido porque lo vieron en televisión, luego de que las autoridades lo presentaran a los medios como implicado en el caso del asesinato múltiple.
"Los habitantes de Ciudad Juárez se encuentran entre la violencia relacionada al tráfico de drogas y las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad", concluye un informe publicado este martes por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En el documento titulado Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México, se exponen casos como el de Arzate, que asegura haber sido torturado por policías y militares que le dieron choques eléctricos en su pecho y abdomen, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron que en el cuarto contiguo tenían a su esposa y que la iban a violar.
El informe también recoge las fallas del sistema judicial, lo que hace especialmente alarmante la situación que vive la ciudad más violenta de México y con mayor presencia militar en sus calles.
"Los ciudadanos en Chihuahua no solamente tienen miedo de los traficantes de droga sino en muchos casos también de las fuerzas de seguridad encargadas de brindar protección", dice el documento.
"Si bien no se deben minimizar los niveles de inseguridad causados por grupos vinculados al narcotráfico en Ciudad Juárez, la tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la consecuente impunidad simplemente suman otro tipo de inseguridad a la ciudad en lugar de reducir la violencia asociada al narcotráfico ", concluye el texto.
La dependencia del gobierno mexicano de las Fuerzas Armadas no ha dado una respuesta satisfactoria a la inseguridad que asola a muchas regiones de México. Para demostrarlo, WOLA -una organización promotora de los derechos humanos- hace referencia al alto índice de asesinatos que se cometen pese a la presencia militar: 91 por cada 10,000 habitantes en Ciudad Juárez, y que además "ha expuesto a la población civil a numerosas violaciones a los derechos humanos".
Desde 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, asumió el mando y lanzó su Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, las quejas contra el Ejército interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aumentaron un 300%.
Basándose en las denuncias recibidas, funcionarios de la CNDH afirmaron a los autores del informe que "los ataques más frecuentes son tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, cateos ilegales, trato cruel o degradante, robo, detención ilegal, amenazas, desaparición forzada, intimidación, daño en propiedad ajena y violaciones a la libertad y la seguridad jurídica".
Juárez, un botón de muestra
Maureen Meyer, coordinadora del Programa para México y Centroamérica de WOLA, explicó en entrevista con CNNMéxico que eligieron esta ciudad para el informe "por concentrar los altos índices de los problemas que se quieren reflejar".
" Juárez ha sido el lugar donde hay más violencia relacionada con el narcotráfico, alberga el operativo principal del gobierno contra el crimen, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, siguen los altos niveles de criminalidad y los mayores registros de denuncias por violación a los derechos humanos".
Los cinco casos descritos en el informe relatan actos de tortura, desapariciones forzadas y hostigamiento sexual contra mujeres por soldados desplegados en Ciudad Juárez, como parte del Operativo Conjunto Chihuahua LIGA.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua afirmó en septiembre de 2009 que había recibido más de 1,450 quejas de violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad durante este operativo. Las agresiones, según el informe, "pueden ser sólo la punta del iceberg ya que muchos abusos no son reportados".
"Ciudad Juárez es un ejemplo alarmante de las consecuencias dañinas del aumento del contacto entre los militares y civiles en el contexto de los operativos antidroga", dice el informe.
Meyer explica que los militares están entrenados para "destruir al enemigo, para usar toda la fuerza, no para convivir con los civiles", y esto agrava el nivel de vulnerabilidad de los juarenses.
"La impunidad por las violaciones cometidas fomenta nuevos abusos, además de debilitar la confianza de los ciudadanos y su voluntad de colaborar en la lucha contra cualquier tipo de crimen", destaca el informe.
Abusos desde la política
El documento señala la gravedad de que existan ciertas figuras jurídicas que atentan contra los derechos humanos, y que se han usado " como nunca " en el combate contra el crimen organizado en Ciudad Juárez.
"El temor por la seguridad en casos vinculados al crimen organizado puede ser real; hacerle frente a costa de las garantías del debido proceso no aumenta la seguridad, por el contrario, menoscaba el respeto por los derechos humanos", detalla el informe.
En los últimos meses, el gobierno anunció el paulatino retiro de los militares a los cuarteles. Pero esto no es suficiente, "en tanto la policía federal, estatal o local siga operando con sistemas de rendición de cuentas débiles o inexistentes, sus agentes continuarán cometiendo abusos contra la población civil", dice Maureen Meyer.
Según datos recientes sobre Ciudad Juárez, la Policía Federal, que ahora tiene un rol protagónico en las operaciones de seguridad en esa ciudad, "parece estar cometiendo sus propios abusos", denuncia WOLA.
"Lo anterior demuestra que simplemente reemplazar a los militares por policías, que también tienen débiles mecanismos de rendición de cuentas, no ayudará a prevenir la victimización de los ciudadanos por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante, incluso si en el futuro se llegara a limitar el rol de los militares en todo el país, esto no disminuiría en absoluto la gravedad de los abusos que ya han cometido los militares, los cuales permanecen impunes".
Israel, según Meyer, es sólo "uno de miles de inocentes, torturados, arruinados, víctimas del crimen y del propio Estado".
Actualmente, se encuentra recluido en el Cereso estatal de Chihuahua, esperando ser juzgado por posesión de auto robado y otro por presunta implicación en el homicidio de Villas de Salvarcar. Un defensor público lleva su defensa.
La CNDH comprobó que había sufrido tortura para declararse culpable, pero "también como miles, ve su vida pasar, esperando la justicia que quizá nunca va llegar", finaliza Meyer.
