Militares acusados de tortura asumen el mando policial de Baja California
Los recién nombrados como Subsecretario de Seguridad Pública Estatal y Secretario de Seguridad Pública Municipal en Baja California, al norte del país, estuvieron involucrados en casos de "graves violaciones de los derechos humanos", según recordaron 19 organizaciones de derechos humanos a través de un comunicado.
El documento indica que el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez y el capitán Gustavo Huerta Martínez Sido fueron acusados de cometer tortura por decenas de policías municipales de Tijuana durante los últimos dos años, "lo que coloca en situación de riesgo la integridad de las víctimas que los denunciaron, así como a dos defensoras de derechos humanos que los han representado y sus familias".
Leyzaola y Huerta fungían, hasta el 30 de noviembre pasado, como secretario de Seguridad Pública Municipal, y director de Policía y Tránsito de Tijuana, respectivamente. Entre los meses de marzo y septiembre de 2009 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) documentaron múltiples casos de tortura cometidos por ambos funcionarios y por personal castrense bajo su mando contra personas arraigadas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Protocolo de Estambul a las víctimas y encontró muestras de tortura por lo que emitió la recomendación 6/2010, que no fue aceptada por el entonces alcalde de Tijuana Jorge Ramos.
"Es evidente que la promoción de ambos funcionarios por el gobernador de Baja California no sólo atenta contra la democracia y pasa por alto las recomendaciones de los organismos públicos de protección, sino que les otorga más poder para el manejo de la fuerza pública estatal de Baja California y le da carta de validez a la impunidad", señala el documento.
En los últimos meses, distintas organizaciones han constatado la necesidad de acabar con el fuero militar, que impide que los soldados sean juzgados en tribunales civiles. El ejecutivo lanzó una propuesta para que los delitos como tortura, violación y desaparición forzada sí sean llevados ante las autoridades civiles.
Esto, dicen, se agrava porque 11 policías arraigados y torturados que regresaron a Tijuana después de haber sido exonerados por un juzgado federal de Tepic, Nayarit, denunciaron penalmente a Leyzaola y Huerta por el delito de tortura y otros.
Dos defensoras de derechos humanos de Tijuana que colaboraron en esta denuncia, Silvia Vázquez y Blanca Mesina, fueron amenazadas de muerte, lo que las obligó a salir de Tijuana. Lo anterior ameritó la emisión de medidas cautelares para su protección por parte de la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
