Juez se reserva el fallo sobre la suspensión de 'Presunto Culpable'
La suspensión definitiva de la exhibición comercial del documental Presunto Culpable violaría la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a informarse, aseguraron este viernes los abogados de Cinépolis y de la producción del documental ante la juez Blanca Lobo.
Durante 1 hora 53 minutos, la Juez 12 de Distrito en Materia Administrativa recogió pruebas y alegatos tanto de la defensa de Víctor Manuel Reyes, quien promovió el juicio de amparo , como de los representantes de Cinépolis y de los productores del documental, Layda Negrete y Roberto Hernández.
El abogado Juan Carlos Ballina pidió a la juez conceder la suspensión porque es claro que Reyes, su cliente, ha sufrido daños.
“Son ciertos los actos reclamados, consecuentemente se acreditó la violación de las garantías individuales del quejoso en el juicio”, dijo Ballina.
En su turno, Luis Schmidt, abogado de la producción, pidió a la juez proteger las libertades de expresión y social, las cuales dijo, están por encima del interés particular de Reyes.
“Otorgar la suspensión definitiva en este juicio de amparo conculcaría garantías de libertad de expresión y pensamiento que gozan mis representadas a producir y divulgar el documental Presunto Culpable.
“No puede soslayarse el derecho esencialísimo que goza la sociedad misma al acceso a la información, a conocer y aprovechar las ideas, especialmente, como es el caso, aquellas que están planteadas para crear un mundo mejor”, dijo Schmidt.
El documental Presunto Culpable fue retirado de 200 salas de exhibición de forma provisional el 7 de marzo, tras un amparo promovido por un testigo que aparece en el documental, quien argumentó daño moral por exhibir su identidad sin su consentimiento. Sin embargo, un día después la cinta fue puesta de nuevo en las salas por orden de un Tribunal Colegiado.
Juan Pablo Estrada, representante de Cinépolis, que funge como distribuidora del documental, sostuvo que la suspensión definitiva atacaría la libertad de pensamiento que otorga un régimen democrático.
Estrada agregó que la demanda contra la autorización otorgada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación no está sustentada.
“(No acredita) que los efectos fuesen consecuencia de actos de autoridad ni menos aun que le causaren daños de difícil reparación”, señaló Estrada.
De igual forma, Schmidt aseveró que la defensa de Reyes no señaló con claridad las violaciones que sufrió ni exhibió pruebas tangibles al respecto.
Situación poco común en este tipo de diligencias, la Juez Lobo permitió el acceso de la prensa a la audiencia, bajo la orden de que no hubiera interrupciones de ninguna índole.
La impartidora de justicia deberá emitir este viernes su fallo, el cual, aclaró al final de la audiencia, notificará a las partes una vez que sea publicado, lo que podría ser hasta el próximo lunes.
Al término de la diligencia, Ballina insistió que Reyes sufrió violaciones al respeto a la intimidad y a la vida privada, por lo que esperan que les sea concedida la medida.
“Las audiencias son de carácter público pero es muy distinto a que ya después se vinculen las imágenes con un fin de lucro, especulación, es completamente distinto”, dijo el abogado.
Ballina afirmó que son abogados independientes y apartidistas, y que desconoce por qué en los últimos días se les ha relacionado con casos llevados al político Andrés Manuel López Obrador.
Entrevistado afuera del juzgado, el productor Hernández consideró que la audiencia fue una pérdida de tiempo porque el fallo no se pronunciará en público, a pesar de que se permitió el acceso libre.
“Es evidente que RTC no tiene las facultades para verificar contenidos del uso de la imagen de Víctor Daniel en la película, no tiene las potestades el Estado mexicano de censurar previamente algún contenido que aparezca en radio, televisión o cine , y sin embargo aquí seguimos perdiendo el tiempo en un asunto que no está fundamentado por quien lo presentó”, manifestó el realizador.
El productor agregó que "millones de mexicanos" fueron privados de ver la película durante el tiempo que surtió efecto la suspensión provisional otorgada por la juez el 2 de marzo.
“Todos venimos aquí a enterarnos a esperar una decisión, se presentaron argumentos y al final no hay una decisión, y lo que uno esperaría es que los jueces tomen una decisión con base en la información que se presenta”, criticó Hernández.
Afuera de la sede de los juzgados, unos 30 simpatizantes del documental externaron su apoyo a la producción con mantas.