La militarización en las 'fronteras calientes' de América Latina
A lo largo y ancho de América existen eslabones trasnacionales donde se propicia el crimen y la violencia, y en los que la militarización ha sido la única respuesta, advirtió este jueves ante estudiantes universitarios el experto en riesgos transnacionales y gestión de conflictos, Fernando Chinchilla.
"Después de que ha costado tanto sacar a los ejércitos de los asuntos internos (en Latinoamérica) , básicamente por una cuestión de criminalización y pérdida de territorios, están de nuevo insertados dentro de la cuestión pública", señaló Chinchilla durante su conferencia Fronteras Calientes en las Américas, celebrada en el congreso Nuestra América, organizado por la Sociedad de Alumnos de Estudios Internacionales (SALEI) de la Universidad de Monterrey (UDEM).
En 2006 el Ejército salió de sus cuarteles para combatir frontalmente a la delincuencia organizada, y desde entonces han muerto más de 34,600 personas en homicidios relacionados con el crimen, según cifras oficiales. La violencia se acumula en los estados fronterizos del norte.
El también investigador posdoctoral del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, Francia, indicó que las fronteras calientes son regiones transnacionales donde existe una ausencia del estado y en las que los grupos armados toman el poder.
"Antes eran los subversivos, ahora son los narcotraficantes que ponen en riesgo la seguridad del Estado (...) Las fronteras calientes son una consecuencia de la ausencia del Estado", aclaró el investigador asociado del Centro de Estudios de Paz y Seguridad Internacional de la Universidad de Montreal, Canadá.
Algunas de las fronteras calientes que enlistó el especialista son las de México y Estados Unidos, las de Argentina con Brasil y Paraguay, las de Colombia con Ecuador y Venezuela, así como la de Ecuador con Perú. En estas regiones existen sistemas judiciales endebles que propician el tráfico de drogas y armas.
En México fue ejecutado el operativo Rápido y Furioso por el gobierno de Estados Unidos con el propósito de detectar a bandas de contrabandistas de armas, aunque agentes federales estadounidenses afirman que incluyó como estrategia permitir el tráfico a territorio mexicano .
El costarricense indicó que, si bien en ocasiones, se requieren de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, es necesario profesionalizar sus servicios de inteligencia y garantizar su trabajo con apego a los derechos humanos.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido los riesgos de que el Ejército haya asumido tareas de seguridad pública en México.
Este jueves, el subsecretario de Estado adjunto para la lucha antinarcóticos de Estados Unidos, señaló que la violencia del crimen organizado en México "ya tocó fondo" , y que en los próximos años se empezará a ver resultados palpables de la lucha contra el narcotráfico en México.
El secretario de Seguridad Pública federal, Genero García Luna, declaró que el tiempo promedio para controlar a las bandas criminales es entre seis y ocho años y que México no sería la excepción para cumplir con ese periodo.
Una calma temporal
"Lo militar no se puede eliminar, porque si hay problema de orden público, existe prácticamente un problema de soberanía que habría que solucionar. Pero si se entra únicamente lo militar y no se entra con algo más detrás de eso entonces finalmente sólo se creará una calma temporal", sostiene Chinchilla a CNNMéxico.
El especialista señala que en las fronteras calientes es común la consolidación de las estructuras criminales en la juventud, porque no hay más alternativas de vida y es una realidad con la que interactúa constantemente.
"Puede existir casos de chicos y chicas que realmente quieran unirse a esas estructuras, no porque sean criminales o no porque quieran hacerlo, sino porque simplemente es natural, porque son las opciones que existen en ese momento", indica.
En tres de los estados fronterizos al norte de México las sentencias a los menores de edad se han multiplicado desde hace dos años. El gobernador del norteño Chihuahua, César Duarte, propuso un servicio militar remunerado para jóvenes como una medida para mitigar la participación de jóvenes en el crimen organizado.
