La CNDH tiene registrados más de 8 mil cuerpos sin identificar en México
En México es necesaria la cristalización de una base de datos nacional de cadáveres sin identificar , ante la magnitud del problema de la violencia, aseguraron especialistas.
Actualmente no existe un registro que recopile la información de los cuerpos que no son identificados en los servicios forenses de las 32 entidades, y que pudiera ser consultado por familias con integrantes extraviados para facilitar su localización.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó el 2 de abril que, según datos que ha reunido, desde 2006 sumaban 8, 898 personas fallecidas por accidentes, hechos violentos o enfermedades sin ser identificadas.
Hasta ahora no existe precisión de cuántas de las más de 35 mil personas muertas dentro del combate al crimen organizado en los últimos 4 años han tenido como destino una fosa común.
David Ordaz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explicó que la situación se ha agravado porque numerosas víctimas de delincuencia organizada son asesinadas o inhumadas clandestinamente en un estado distinto al de su residencia.
“Este es un fenómeno, la migración de los cuerpos de un estado a otro o en el propio estado, complica la circunstancia de la identificación y de dar con los familiares”, dijo el investigador en entrevista con CNNMéxico.
Un caso ejemplar es el reciente hallazgo de 219 cuerpos en fosas clandestinas de Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. Ciudadanos de Querétaro, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, y Michoacán han tenido que movilizarse al estado para verificar si alguna de las víctimas es un familiar extraviado.
“La identificación es un elemento esencial para el derecho de las víctimas, evitar un duelo tan largo, tan cansado, y que conlleva a muchas repercusiones, no sólo en el ámbito familiar, también en el social; estamos ante un fenómeno desconocido en el México contemporáneo”, agregó Ordaz.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha impulsado la creación de un registro nacional de cadáveres sin identificar en el país desde junio de 2010, tras un encuentro de su coordinador forense, Morris Tidball-Binz, con los titulares de los Semefos.
Tidball-Binz alertó entonces que se requiere un registro que reúna los datos físicos de los cadáveres recogidos en las autopsias y las denuncias de personas desaparecidas.
Señaló que es casi imposible la búsqueda, cotejo y consulta a nivel nacional porque cada estado utiliza su propio formato de información.
“Detrás de cada uno de estos cadáveres hay una familia que está buscando a esa persona y que tiene derecho a saber, pero también a elaborar el duelo, los ritos funerarios y cerrar el trauma que ocasiona la desaparición de un ser querido”, indicó Tidball-Binz en declaraciones para el portal del CICR.
Para Juan Salgado, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una parte de la responsabilidad de la falta de información sobre restos sin identificar y personas extraviadas pasa por los municipios y estados.
“Otra parte fundamental se relaciona con la oficina nacional de estadística, que es el INEGI, que es la responsable de generar información de tal manera que no quede una base de datos policial o delictiva, que nada más usen las instituciones de seguridad pública”, explicó Salgado.
Tras coincidir en la necesidad de una base que recopile y sistematice la información, el académico del CIDE expuso que el hallazgo de cuerpos en San Fernando puso de manifiesto que las autoridades no investigan las desapariciones.
“No están tomando las medidas adecuadas y sobre todo que no están yendo hacia las garantías de no repetición, tomar medidas para que no se repitan estos hechos, están muy lejos de llegar allá”, aseveró en entrevista con CNNMéxico.
La clave es la colaboración: CNDH
Para reducir el número de cadáveres que quedan sin identificar es necesaria la colaboración entre las áreas de gobiernos estatales responsables de la procuración de justicia, seguridad y salud, la cual no existe, advirtió Luis García López Guerrero, Primer Visitador de la CNDH.
“Un solo caso es delicado y hablar de casi 9,000 implica tomar alguna acción, una política pública para estos casos, porque estamos hablando de personas que en un momento dado tuvieron vida y tienen la protección y el respaldo de la ley, y lo mínimo es que tendrían derecho a ser identificadas y sus familias les den el destino conforme a sus creencias”, dijo el funcionario.
García López Guerrero dudó que un registro nacional sea lo óptimo, porque se caería en la problemática de decidir quién se responsabiliza por el levantamiento, salvaguarda y administración de la información.
En entrevista con CNNMéxico, el Primer Visitador recordó que las procuradurías de justicia tienen la obligación de dar con la identidad de las personas fallecidas, por lo que deben reforzar sus estructuras forenses.
“Que con acciones eficaces se pueda identificar, vincular, relacionar e informar a los familiares, amigos o personas cercanas, ya sea porque hay la estructura de información para hacerlo o porque existe la queja en algún lugar del país de alguien que esta buscando a esa persona que apareció en Yucatán cuando la buscaban en Tijuana”, agregó.
Indicó que la CNDH gira en promedio 150 solicitudes a instancias oficiales y hospitales por cada uno de los 5,400 ciudadanos que tiene registrados en su Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas (SINPEF).
“(Es necesaria una) mayor colaboración para ir integrando bancos de información adecuados que permitan tener información ágil, de tal manera que prácticamente con una tecla, una llamada, podamos tener algún tipo de indicio”, explicó el funcionario.
