Los diputados apuran el acuerdo sobre consejeros electorales y seguridad
La última semana del periodo ordinario de sesiones comienza con grandes pendientes para los diputados mexicanos: la ley de seguridad nacional y el nombramiento de los tres consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral (IFE), asuntos que mantendrán esta semana ocupados a los legisladores.
En cinco sesiones continuas, que se celebrarán por primera vez desde este martes y hasta el sábado 30 de abril, fecha de cierre del periodo ordinario, los diputados intentarán aprobar más de 20 dictámenes que están ya consensuados.
A marchas forzadas, los diputados llevan a cabo las negociaciones necesarias para que, al menos dos de los tres temas más importantes que tienen en sus manos se resuelvan.
Los candidatos sin nombre del IFE
La mayor deuda que mantiene la Cámara baja es la designación de tres consejeros del IFE, que debió realizarse desde noviembre pasado pero que, por pugnas entre las bancadas, no se ha podido concluir.
El proceso para elegir a estos tres consejeros comenzó a mediados de año pasado, cuando la comisión de Gobernación seleccionó a 17 candidatos finalistas que reunían los requisitos.
“Lo más importante para nosotros es que haya independencia y transparencia en cada una de las personas que lleguen al final del proceso porque ellos van a participar en la organización de dos elecciones presidenciales, la de 2012 y la de 2018, así que es muy importante, es fundamental, que no estén comprometidos con ninguna fuerza política”, dijo en aquel entonces el panista Javier Corral, presidente de la comisión de Gobernación.
Ya en las negociaciones finales, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados trataba de hacerse con dos de los tres lugares disponibles en el Consejo General del IFE.
En dicha institución, los funcionarios electorales tienen la obligación de organizar las elecciones presidenciales y de vigilar que la legislación electoral se cumpla; se encargan de imponer sanciones a quienes violen las normas. De ahí la importancia de que no estén relacionados con grupo alguno.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha negado las acusaciones y ha dicho que la responsabilidad del empantanamiento de los acuerdos es de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota, quien se ha negado a acceder a las presiones.
“Ha habido presiones diversas, de diversos grupos parlamentarios, pero creo que aquí lo mas importante es, y hemos dado muestra, lograr un consenso amplio y en eso seguiremos trabajando".
“Si no llegamos a un consenso mas amplio estaríamos poniendo en riesgo no solamente al IFE, sino de nombrar consejeros electorales que tengan fuertes cuestionamientos sino también que sean producto de la exclusión”, ha dicho Vázquez Mota.
De no lograrse el acuerdo, el pendiente se arrastrará hasta el siguiente periodo de sesiones, en septiembre próximo.
¿Más licencias para el Ejecutivo?
La violencia que ha sacudido el país los últimos años ha suscitado un debate sobre el papel del Ejército en el combate del crimen organizado y el narcotráfico.
Hace un año, el Senado de la Republica aprobó una iniciativa dedicada a regular esta actividad dándole nuevas facultades al Ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas.
Basada en cambios de varios artículos de la Constitución, la minuta del Senado incluía la posibilidad de que el gobierno federal pudiera realizar labores de inteligencia utilizando todos los recursos a su alcance, incluyendo la intervención de comunicaciones.
Sin embargo, luego de pasar un año en la congeladora legislativa, las dos últimas semanas del actual periodo de sesiones la Ley de Seguridad Nacional ha ocupado las negociaciones de todas las bancadas para tratar de aprobarla antes del próximo sábado.
Modificaciones propuestas por el PRI abren la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan irrumpir en algún movimiento de orden social, electoral, político o laboral.
Para los partidos de izquierda, esta posibilidad representa la entrada a un estado totalitario.
“Es una iniciativa que viola flagrantemente las garantías individuales, que permitiría a las fuerzas armadas interrogar, detener en las calles a la población civil; el hecho de manejar la figura de informantes anónimos, ustedes han visto toda la discrecionalidad con la que ha procedido el Ejército, las fuerzas armadas en contra de la gente, pues sería darles un cheque en blanco”, considero el diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Costanzo.
Para el promotor de las modificaciones de la minuta, el priista Alfonso Navarrete Prida, la intervención del Ejercito quedaría más regulada, pues solo se podrían intervenir conflictos internos cuando suban en la escala de peligrosidad.
“Se señala con claridad que hay gradualidad, que hay una serie de obstáculos, de desafíos, de riesgos y de amenazas a la seguridad nacional, y que solamente el Ejército puede entrar cuando hay una amenaza o un riesgo a la seguridad nacional, a la seguridad interior.
“Todos los demás problemas que puedan surgir en la vida cotidiana de un país, los tiene que resolver la seguridad pública, los tienen que resolver las fuerzas y autoridades civiles, y para eso existe una legislación que se regula a través del 21 de la Constitución en diferentes leyes, tanto locales como federales”, expuso el legislador.
Aunque originalmente la minuta se turnó a las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Derechos Humano, Justicia y Puntos Constitucionales, la Junta de Coordinación Política trabaja para que cuatro de ellas declinen en su dictamen y sean dos las que realicen ese trabajo. De esa manera subiría al pleno en alguna de las cinco sesiones continuas de esta semana.