Organización civil pide régimen de excepción en zonas violentas de México
Una organización de la sociedad civil mexicana apoyó este miércoles la idea de declarar un régimen de excepción en algunas zonas azotadas por la violencia de los estados de Tamaulipas y Michoacán, donde, asegura, existen situaciones de ingobernabilidad.
"En esos lugares donde la suspensión (de garantías individuales) ya es de facto, debería operar un sistema (...) para suspender garantías y poner orden", el cual está previsto en el artículo 29 de la Constitución, explicó el secretario de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Francisco Torres de Landa.
Existen zonas de México, en concreto en Tamaulipas y Michoacán, donde los ciudadanos están “absolutamente a merced de la delincuencia y librando una batalla sin ningún tipo de auxilio, de asesoría, de presencia (del Estado)”, aseguró el activista en una rueda de prensa celebrada para presentar un sondeo sobre inseguridad.
El gobierno federal autorizó a principios de mayo el envío de 500 militares más a Tamaulipas , un estado del noreste mexicano, donde la disputa por el control del territorio que sostienen los grupos narcotraficantes del Golfo y Los Zetas ha originado una fuerte ola de violencia.
El estado es escenario de extorsiones a migrantes que se dirigen a Estados Unidos y de ataques constantes en ciudades mayores . En abril pasado, las autoridades hallaron la primera de una serie de fosas clandestinas que contenían 183 cuerpos relacionados con el crimen organizado.
En Michoacán, ubicado en el occidente mexicano, los enfrentamientos entre bandas criminales causaron que cientos de personas en los municipios de Tuzantla, Buenavista y Apatzingán abandonaran sus comunidades en busca de refugio. El gobierno federal inició en la entidad, de donde es originario el presidente Felipe Calderón, sus operativos contra el crimen organizado.
La violencia en Michoacán se debe a la pugna entre los grupos narcotraficantes de Los Zetas y La Familia Michoacana, que se denomina ahora Los Templarios. Casi 516 personas murieron de forma violenta en Michoacán en 2009.
Declarar un régimen de excepción en estas zonas violentas de México, una decisión que depende únicamente del presidente, es un “tema altamente delicado”, pero debería funcionar en algunos lugares del país donde los derechos de la gente están suspendidos de facto, aseguró este miércoles el secretario de México Unido Contra la Delincuencia.
"Me refiero a que ni (autoridades) federales, ni estatales, ni municipales están teniendo una presencia de derecho, y de facto , para controlar la actividad delictiva", dijo Francisco Torres.
"Los dos monopolios que el Estado tiene conforme a la Constitución, que son el de seguridad pública y el de tributación, están siendo violentados en estos lugares”, según el activista. “Se cobran impuestos y seguridad por autoridades distintas a las estatales".
"Donde esta situación prevalezca (...) sí debería haber un plan, perfectamente instrumentado de la mano con la ciudadanía, para rescatar esos lugares del infierno en el que están viviendo", dijo.
Torres enfatizó que en los regímenes de excepción, que según la Constitución están justificados en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de grave peligro o conflicto, "no se trata de atropellar más las garantías, sino de rescatarlas".
La organización contra la delincuencia considera que en esas zonas se vive ya una verdadera emergencia que ha motivado éxodos de población, que incluso convirtieron algunos lugares en verdaderos pueblos fantasmas.
"Tenemos que actuar de forma contundente y las autoridades no pueden decir que es por falta de denuncia o porque falta alguna actividad ciudadana”, aseguró. “No sé qué más quieren que suceda para que actúen en forma contundente e inmediata".
Más de 34,600 personas han muerto en eventos relacionados con el crimen organizado desde 2006, cuando el gobierno federal inició su estrategia de combate frontal al crimen organizado, que se basa en el uso de las Fuerzas Armadas.
Los resultados de la estrategia “no son los idóneos” para México Unido Contra la Delincuencia, lo que se debe en buena medida a que el plan del gobierno no es integral, según el secretario de la organización Francisco Torres.
