Cinco países piden detener la ejecución de un mexicano en Texas
Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Honduras y Suiza se sumaron a la petición de la defensa legal del mexicano Humberto Leal, condenado a pena de muerte, para que el gobernador de Texas, Rick Perry, suspenda provisionalmente la ejecución.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el gobierno del presidente Barack Obama , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , los gobiernos de Brasil, Honduras, El Salvador y Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , Navi Pillay, y diversas organizaciones se han sumado a la solicitud del abogado de Leal.
El mexicano, de 38 años y originario de la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León, fue sentenciado a la pena capital por la violación y homicidio de Adra Saveda, de 16 años, el 21 de mayo de 1994 en San Antonio, Texas. Su ejecución está programada para el 7 de julio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Estados Unidos la suspensión de la ejecución, "hasta que se establezca un mecanismo que permita la revisión del caso", luego que la defensa de Humberto Leal solicitó un pronunciamiento por parte del organismo.
Asimismo, la dependencia precisó que EU no ha acatado las resoluciones de la Corte Internacional Justicia (CIJ) sobre el cumplimiento del derecho a la notificación consular que tienen los detenidos, para recibir apoyo de su país de origen.
"(En 2003) México presentó un litigio contra Estados Unidos ante la CIJ por la situación de un grupo ciudadanos mexicanos (51 personas) que enfrentaban la pena de muerte y a quienes no se les había respetado el derecho a la notificación consular al momento de su detención", señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un comunicado.
Al año siguiente, la Corte Internacional falló a favor de México y ordenó a las autoridades estadounidenses revisar y reconsiderar los casos por la vía judicial.
Incluso, el entonces presidente de EU, George W. Bush, exigió a las cortes estatales aplicar la sentencia. Sin embargo, la Suprema Corte estadounidense determinó que no era obligatorio acatarla, ante la falta de una legislación federal que regulara estos casos.
Posteriormente, ante la solicitud de México, la CIJ emitió un informe donde recomendó la revisión y reconsideración de las sentencias a muerte, y estableció medidas cautelares.
"A pesar de las gestiones realizadas, uno de los nacionales mexicanos incluidos en la sentencia del 'Caso Avena', José Ernesto Medellín Rojas, fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 2008. El gobierno de México envió una nota de protesta al Departamento de Estado, al haberse violado el derecho internacional".
"El 19 de enero de 2009 la CIJ resolvió que Estados Unidos violó la orden de medidas provisionales al no haber tomado todas las acciones necesarias para impedir la ejecución del señor Medellín y reiteró la obligación permanente de dar cumplimiento a la decisión del 'Caso Avena'".
En este contexto, en junio, el senador Patrick Leahy presentó una iniciativa para que se cumpla la sentencia de la Corte Internacional que daría a las cortes federales la autoridad para revisar y considerar los casos de personas sentenciadas a pena de muerte a quienes no se les haya informado de su derecho a la notificación consular.
