Organizaciones: La Ley de Migración no basta para proteger a los migrantes
La nueva Ley de Migración no garantiza la protección a los migrantes en México, debido a que el principal reto del país está en su aplicación contra los constantes abusos cometidos por las mismas autoridades y el crimen organizado, aseguraron organizaciones protectoras de migrantes.
“El tema migratorio rebasa lo centrado en la regulación migratoria”, dijo a CNNMéxico el director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, días antes de la visita a México de la Relatoría de Trabajadores Migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación de los derechos humanos de los migrantes en el país.
“La ley no garantiza una correcta aplicación ni un ejercicio eficiente del sistema de administración de justicia”, aseguró.
El tema central de los abusos a migrantes es la ineficiencia en el sistema de procuración de justicia mexicano, cuyo mensaje se traduce en que “el fenómeno pueda ocurrir una y 1,000 veces sin que los responsables tengan que pagar cuentas”, explicó el activista.
Desde 2002, cuando ocurrió la última visita de la Relatoría de Trabajadores Migratorios, los abusos a migrantes en tránsito a Estados Unidos han aumentado en México e incluyen extorsiones, robos y secuestros, en varios de los cuales ha sido documentada la participación de autoridades migratorias, además de la del crimen organizado.
La seguridad se ha vuelto el punto más crítico al hablar de migración en el país, particularmente por los secuesros masivos de migrantes, que se han convertido en un fenómeno generalizado, según Alberto Herrera.
En 2010 fueron secuestrados más de 11,000 migrantes en México , según el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, presentado en febrero pasado por la CNDH, que detalló que funcionarios municipales, estatales y federales han partipado en estos delitos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) recibió hasta mayo pasado 128 quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos de sus funcionarios contra migrantes, de acuerdo con el propio INM.
El presidente Felipe Calderón promulgó en mayo pasado la nueva Ley de Migración , que busca descriminalizar la migración, atender de manera integral el fenómeno migratorio y garantizar la confiabilidad de las autoridades encargadas del tema en el país, según explicó.
Entre otras medidas, se eliminaron las penas de uno a dos años de prisión para los extranjeros expulsados que decidieran regresar al país, se estableció el principio de interés superior del niño y el derecho a la conservación de la familia, además de contemplarse la creación de un centro de evaluación y control de confianza para agentes migratorios.
El presidente Calderón destacó que la nueva ley garantizará que todos los funcionarios del INM cumplan con los mismos estándares de confiabilidad que el resto de las instancias de seguridad del país. “Es inadmisible que participen en la violación a derechos humanos o que se coludan con delincuentes”, aseguró.
La depuración de las autoridades migratorias ocurrió después de agosto de 2010, cuando fueron hallados los cadáveres de 72 inmigrantes en fosas clandestinas del estado de Tamaulipas.
Para la directora de la organización Sin Fronteras, Nancy Pérez, la corrupción en las instituciones encabeza junto con la injerencia del crimen organizado los factores para la falta de capacidad de las autoridades encargadas de política migratoria en el país de garantizar la integridad de los migrantes .
“Si bien el gobierno ha señalado que la violencia se debe al crimen organizado, se debe también y principalmente a la incapacidad del gobierno de poder garantizar los derechos humanos de esta población (migrante) y al no tener un cuidado de los elementos que integran estas dependencias”, aseguró.
Los activistas coincidieron en la necesidad de transparentar la aplicación de la justicia a los migrantes por medio de la vigilancia de los procedimientos judiciales y la rendición de cuentas de las autoridades.
Se trata de revisar lo que está ocurriendo en los centros de detención, explicó la presidenta de Sin Fronteras.
La “impunidad estructural” hace raros los casos en que las procuradurías federal o locales terminan llevando a los responsables de abusos a migrantes ante la justicia, según el director de Amnistía Internacional México.
“El tema central no es legislativo. En realidad, el marco legal es suficiente”, lo que se necesita para combatir los abusos a migrantes es la “persecución del delito, consignaciones bien hechas, averiguaciones bien integradas y seguimiento de los casos hasta las sentencias, sentencias firmes”, dijo Alberto Herrera.
Los abusos, problema viejo
En el informe de su visita en 2002 , la Relatoría de Trabajadores Migratorios mencionó “muchas denuncias de corrupción o bien de abusos, robos y malos tratos por parte de miembros del grupo BETA”, un organismo creado en 1990 para proteger a los migrantes.
De acuerdo con el documento, las acusaciones no fueron desmentidas ni por los miembros BETA ni por alguna otra autoridad, pero el gobierno mexicano informó de cambios en el INM para mejorar la operatividad y tener un control de funciones de los miembros de los grupos BETA. Entre las medidas figuraba el cambio de director, introducción de supervisores, canalización de denuncias, capacitación y registro de personal.
Durante la promulgación de la Ley de Migración en mayo pasado, el presidente Calderón informó sobre un proceso de depuración en el INM.
Al menos 200 trabajadores del organismo migratorio fueron cesados , 40 procesados legalmente y unos 5,000 sometidos a exámenes de confianza.
El tráfico de migrantes hacia Estados Unidos es más redituable que el tráfico de drogas, aseguró en marzo pasado la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, quien precisó que sólo en 2010 las ganancias derivadas del tráfico de migrantes fueron valoradas en 6,600 millones de dólares.
Los migrantes deben pagar entre 7,000 y 30,000 dólares por cruzar el país a través de rutas seguras, según descripciones de testigos a autoridades mexicanas y vistadores de derechos humanos.
Aproximadamente 140,000 migrantes ingresan cada año de forma ilegal México a través de la frontera con Guatemala , según cifras oficiales.
Chiapas es el estado mexicano donde más migrantes son interceptados, de acuerdo con el INM. Sólo en 2010 la cifra alcanzó poco menos de 25,000; se estima que 318 lograron ingresar diariamente al estado.
Un escenario distinto
En los nueve años transcurridos, el centro de atención al tema migratorio en el país ha pasado de los abusos contra migrantes mexicanos en Estados Unidos a las vejaciones sufridas por los migrantes centroamericanos que atraviesan México.
En 2002, la Relatoría advertía como los principales problemas para la migración en México: la militarización de la frontera norte y la muerte de migrantes en el intento por llegar a Estados Unidos, además de que relataba medidas duras de control migratorio en el país.
El organismo describió como negativas las consecuencias de las iniciativas legales, económicas y policiales del gobierno estadounidense para prevenir la entrada de migrantes irregulares.
“Los controles han motivado a los migrantes a correr más riesgos, incluidos la contratación de los servicios de personas que participan en la trata y contrabando de personas”, aseguró el documento.
En cuanto a la migración en México como país de tránsito, el documento de la Relatoría se refirió al lanzamiento del Plan Sur, un esfuerzo gubernamental por frenar el paso de personas por el Istmo de Tehuantepec, realizado por las policías federal, municipales y estatales, el Ejército y la Marina, además de agentes judiciales y de migración.
Organizaciones de la sociedad civil rechazaron el plan por considerar que institucionalizaba la aprehensión de migrantes por policías, agentes migratorios y militares, lo que aumentaba la vulnerabilidad de la población migratoria. Los activistas aseguraron que los mayores controles inducían a los migrantes a tomar más riesgos, lo que aumentaba la trata y el contrabando de personas, y el número de muertes.
La Relatoría de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias visitará México del 25 de julio al 2 de agosto y recorrerá prácticamente las mismas ciudades que pisó en su última visita la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay.
