Deudos de Royale denuncian robo de las pertenencias de sus familiares
Mientras los diputados del Congreso de Nuevo León realizaban una “inspección ocular” afuera del casino Royale para detectar irregularidades en el inmueble, dos deudos de la tragedia denunciaban el robo de las pertenencias de sus familiares , fallecidos el pasado 25 de agosto en la casa de apuestas.
Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira Pérez, cliente que murió durante el atentado, cuenta que la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) entregó de manera incompleta las pertenencias de su hijo.
"Faltaba la cartera (del hijo)", señala, "a mí me dieron un billete de 100 pesos, las llaves de mi carro, unos (cigarros marca) Malboro rojos y un encendedor".
Bomberos consultados por CNNMéxico confirman que después del atentado hubo rapiña en el establecimiento, presuntamente por autoridades ministeriales y militares.
La madre mostró una queja por maltrato contra Leticia Navarro Carrasco, funcionaria de la PGR encargada de entregar los automóviles, efectos personales y documentos de las víctimas a los deudos, y quien la atendió el 26 de agosto cuando acudió a las instalaciones de la dependencia.
"¿Cuál es mi sorpresa? Que me tienen en el sol, como un animal, y después tuve que entrar a empujones. Después llegan los peritos y me dicen que apenas van a comenzar el peritaje”, relata.
Pérez Muñiz dice que tuvo que retirarse de la PGR aquel día para acudir al funeral de su hijo, y no fue hasta el pasado 30 de agosto que tuvo la oportunidad de recoger las pertenencias.
Un portavoz de la PGR confirmó que la denuncia de Pérez Muñiz fue recibida, pero dijo que era parte del procedimiento escuchar todas las declaraciones y esperar los resultados periciales para iniciar la entrega de los automóviles.
La dependencia federal solo resguardó los automóviles y fue la Procuraduría de Nuevo León la que almacenó los efectos personales de las víctimas, de acuerdo con la fuente. Algunas pertenencias que en un inicio fueron declaradas como desaparecidas por los familiares posteriormente fueron encontradas en el interior de los vehículos, según el personal de la PGR.
Durante la inspección ocular, la madre del cliente que murió en el incendio encaró al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la comisión investigadora del Royale.
“Por respeto a ustedes no se les ha convocado, esa fue la razón, por respeto a su dolor, pero cuente con ello, de ninguna manera vamos a permitir que este inmueble se demuele”, prometió el legislador, “tenga la certeza que cuenta con nosotros”.
“En el caso de mi mamá (desapareció) la credencial de elector, la credencial de nómina y otra papelería”, detalló el estudiante de 21 años en Educación y Gestoría de Centros Educativos.
Nava Walss y sus dos hermanas quedaron huérfanos, y por eso exige mayores apoyos gubernamentales para que puedan continuar con sus estudios.
Los deudos adelantaron que un grupo de familiares presentará una denuncia formal por el atentado. Mientras los diputados realizaban las inspecciones superficiales, ambas víctimas prendieron veladoras frente al casino, al lado de una ofrenda de flores secas.
Diputados realizar “inspección ocular” en Royale
Legisladores que integran la comisión investigadora del Royale asistieron al casino a las 11:00 horas de este jueves, para verificar las irregularidades que han encontrado en los permisos otorgados por autoridades de los tres niveles de gobierno desde que abrió sus puertas en noviembre de 2007.
Los diputados explicaron que el objetivo de la visita era verificar las colindancias de los predios que conforman el casino y confirmar que nunca fue clausurado, como aseguró el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, que había hecho en mayo pasado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El ayuntamiento regiomontano otorgó un permiso en septiembre de 2007 a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta para operar el casino en avenida San Jerónimo número 205, pero en la orden de clausura del Tribunal figura el número 307 de la citada vialidad.
“Queda perfectamente claro que la clausura fue en la parte del estacionamiento (del número 307). No había posibilidades físicas de clausurar la entrada del casino, dado que estamos hablando de expedientes catastrales distintos. Por lo tanto, el casino Royale nunca dejó de operar ”, dijo Gutiérrez de la Garza.
Ante la mirada de los deudos, los integrantes de la comisión extendieron planos catastrales del inmueble. Concluyeron que el casino además violaba normativas municipales y federales porque se localizaba a menos de 200 metros de una escuela.
“Hubo por parte del Tribunal de lo Contencioso una falta de cuidado y una intención de ilegalidad en haber levantado esa suspensión”, dijo el líder de la bancada legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) Hernán Salinas Wolberg, quien adelantó que el inmueble no cuenta con salidas de emergencia.
La comisión presentará un informe final de resultados el próximo 14 de octubre, salvo que el Congreso estatal confiera una prórroga. Su objetivo es el de investigar la situación jurídica de los pemisos otorgados al casino por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los diputados comisionados han integrado un expediente de más de 2,000 hojas con documentación solicitada a Protección Civil de Nuevo León, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y el ayuntamiento de Monterrey; solamente la Secretaría de Gobernación (Segob) no había entregado hasta la tarde de este jueves la información requerida.
La próxima semana comparecerán 15 funcionarios, exfuncionarios y particulares ante la comisión, cuya investigación la realiza de forma paralela a la de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y el gobierno federal, a través de la Segob, la PGR y la Secretaría de Hacienda.