La CIDH recibe una demanda contra México por agresiones a periodistas
La oficina para México de la organización civil Article 19 presentó este jueves una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las presuntas omisiones del Estado mexicano respecto a las garantías de seguridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión.
La demanda presentada por la organización —que trabaja en la defensa de la libertad de expresión en más de 50 países— acusa al Estado de no adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre sus conclusiones, Article 19 asegura que el Estado mexicano tiende a prejuzgar los móviles del crimen y a desacreditar a los periodistas —como miembros del crimen organizado— antes de iniciar la investigación.
En la demanda, la organización destaca que sin importar quién perpetre el crimen, “el responsable de guardar la seguridad de los periodistas es el Estado”.
"La falta de acceso a la justicia en sí ya es una violación fundamental a los derechos humanos. En México hemos intentado impulsar políticas públicas, pero el desdén y la desidia de las autoridades para cumplir con su responsabilidad para proteger a la prensa está ausente. Con una prensa débil y silenciada como la mexicana pues evidentemente se daña el sistema democrático", dijo Darío Ramírez, director de Article 19 a CNNMéxico.
Desde 2000, la organización ha registrado 67 asesinados y 12 desaparecidos.
Según un reporte de la relatoría por la libertad de expresión de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado este lunes, 70 comunicadores fueron asesinados en México, 13 de los cuales murieron este año.
Article 19 señaló que el Estado mexicano también "tendrá que explicar ante la CIDH", en caso de proceder la demanda, "su renuencia a reconocer que la violencia contra periodistas también nace de las mismas autoridades".
“El 49.03% de los ataques documentados por la organización en 2010 presuntamente se cometieron por parte de algún funcionario público o elementos de las fuerzas de seguridad, en particular por la policía y las fuerzas armadas”, según el reporte La violencia en México y la libertad de expresión, que Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) presentaron en mayo.
Instituciones débiles
El informe en el que se basa la demanda de Article 19 concluye que desde febrero de 2010 hasta el 12 de octubre pasado, han ocurrido 137 agresiones contra medios de comunicación y periodistas; entre amenazas, agresiones físicas, asesinatos, privación ilegal de la libertad, desaparición y desplazamiento forzoso.
Sin embargo, la “deficiencia” de las instituciones para investigar y sancionar las agresiones, han derivado en el incremento de las mismas, según el argumento que presentó Article 19 ante la CIDH.
“Estos ataques y la incapacidad o falta de voluntad política del gobierno para resolverlos afecta no sólo la libertad de expresión sino el disfrute de otros derechos humanos”.
El argumento jurídico de Article 19 para entablar la demanda es que el Estado mexicano vulnera el respeto a los artículos 4,5,7,8,23 y25 —derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al debido proceso legal, a la protección judicial y a la participación política— de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México en 1981.
"Estamos sustentando la demanda en las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. La CIDH es el espacio óptimo para decir que la libertad de prensa en México está en franco retroceso y es de preocupación internacional. Es el mecanismo al que podemos acceder para que tenga repercusiones en el Estado", explicó Ramírez.
Catalina Botero y Frank de la Rue, relatores de la CIDH y de la ONU, respectivamente, coincidieron en agosto en que el Estado mexicano debe mejorar la labor institucional para establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas eficaz.
En febrero de 2006, el gobierno federal creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Crímenes contra Periodistas , criticada por organizaciones de la sociedad civil por sus limitantes para investigar y sancionar.
Según el director de Article 19, la Fiscalía carecía de un marco jurídico óptimo para hacer su trabajo, pues tiene facultad de atracción de algunos casos, pero no para hacer indagatorias.
Esa organización documentó que el presupuesto de la Fiscalía se ha reducido hasta un 45% en los últimos tres años, lo que ha sido interpretado por Article 19 como "un mensaje claro de que no hay voluntad. No resulta comprensible que se reduzca el presupuesto mientras aumentan los casos de periodistas agredidos".
La fiscalía —que en 2010 cambió su nombre a Fiscalía Especializada para la Atención de Crímenes contra la Libertad de Expresión— exige para atraer los casos que se acredite que la víctima es periodista, que el delito se haya cometido para atentar contra su profesión y que éste no tenga vínculos con la delincuencia organizada.
La conclusión de las relatorías de la CIDH y de la ONU sobre libertad de expresión en México fue que se debe incluir en la política de seguridad nacional un mecanismo de protección a periodistas para garantizar el ejercicio libre de la profesión, pues, “sin una prensa crítica la sociedad no estará ni se sentirá segura”.