México niega la demanda presentada en la CPI por su estrategia anticrimen

Horas después de que un grupo de mexicanos demandara al presidente Felipe Calderón y a su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno de México rechazó las acusaciones y aseguró que la estrategia gubernamental anticrimen sea un crimen internacional.

“La política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a las organizaciones criminales, y a proteger a todas y todos sus ciudadanos”, señaló la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado.

Por la mañana de este viernes, en Holanda, el abogado mexicano Netzai Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia de 700 páginas en la que argumenta que la estrategia gubernamental aplicada desde diciembre de 2006 ha generado crímenes de guerra y de lesa humanidad . El documento, según el jurista, está respaldado por las firmas de 23,700 mexicanos.

En su respuesta, el gobierno mexicano negó que su política de seguridad viole los derechos humanos y aseguró estar abierto al escrutinio internacional y dispuesto a cooperar con organismos internacionales.

“En México, como nunca antes, se ha implementado, de manera sistemática y creciente, una política pública tendiente a fortalecer el estado de derecho y a promover y respetar los derechos humanos. Prueba de ello son las reformas al sistema de justicia penal y su proceso de implementación, las nuevas leyes de refugiados y de migración, así como las recientes reformas constitucionales en materia de juicio de amparo y de derechos humanos”, señaló Gobernación.

Hasta ahora, el gobierno de México no había dado una respuesta amplia a la denuncia. En octubre, cuando Netzai anunció que acudiría ante la CPI, la Cancillería sostuvo : “En nuestro país, la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas. El Estado mexicano actúa conforme a derecho”.

Las personas incluidas en la demanda, además de Calderón, son los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez, así como el líder del cártel de Sinaloa, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

El texto aún debe ser analizado por la CPI para que ésta determine si tiene o no jurisdicción sobre el tema. Los casos que el tribunal de La Haya investiga tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, luego de comprobar que las instituciones de un estado no los han indagado debidamente.

Al respecto, el gobierno de México aseguró que sus dependencias de justicia toman todas las acciones “para investigar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos”. Por ello, agregó, la CPI “actúa única y exclusivamente cuando un Estado no cuenta con capacidad o con la disposición para actuar respecto de hechos que podrían llegar a constituir crímenes internacionales”.

“En México no existe una falta de voluntad ni de capacidad operativa para realizar investigaciones de cualquier índole”, señaló Gobernación. “Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”.

En diciembre de 2006, al inicio de su mandato, Calderón lanzó una serie de operativos contra la delincuencia basados en las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina). Mientras las autoridades dicen que la estrategia ha rendido resultados, sus detractores argumentan que ha incrementado la violencia en el país. 

Desde esa fecha hasta enero de este año murieron 34,600 personas en acciones derivadas del crimen. Organizaciones civiles sostienen que la cifra ya alcanzó los 50,000. 

Un informe de la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW) de principios de noviembre concluyó que la estrategia de Calderón no ha logrado reducir la violencia en el país y que ha incrementado drásticamente las violaciones de los derechos humanos, sobre todo por el incremento de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.