La falta de presupuesto complica la atención de víctimas del delito

A principios de octubre, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la creación de la Procuraduría Social de Atención de las Víctimas del Delito (Províctima), algunas organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, criticaron públicamente su estructura y funciones.

“Hubiéramos esperado participar en la discusión, toda vez que nosotros fuimos los que ayudamos en la propuesta. No los únicos, pero ayudamos y nos enteramos por periódicos y no discutimos los modelos de creación, no discutimos en las atribuciones, y nos sorprendió porque teníamos un proceso de diálogo”, dijo en entrevista con CNNMéxico, Emilio Álvarez Icaza, integrante del Movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia .

Durante sus acciones y en las caravanas realizadas para recorrer el centro, sur y norte del país, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con otras organizaciones , habían pedido al gobierno federal la creación de una dependencia encargada exclusivamente de la atención a las víctimas de la violencia que ha generado la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.

“El presidente de la República crea esta Procuraduría Social y la finalidad es atender a las víctimas y evitar la doble victimización. Porque la víctima sufre una agresión, sea por una desaparición de personas, por secuestros, homicidios, extorsiones y al momento en que va con la autoridad, no eran atendidas y sufrían una doble victimización”, dijo Sara Irene Herrerías, procuradora Social de Atención a las Víctimas del Delito.

Hasta el 10 de diciembre de este año, Províctima había atendido por lo menos 3,000 casos de víctimas y familiares víctimas de delitos tanto del fuero federal como del común, según la información de la propia dependencia.

En entrevista con CNNMéxico, Herrerías explicó que aún cuando se atienden víctimas de delitos no relacionados con el crimen organizado, la dependencia prioriza los casos de desapariciones forzadas, trata de personas y asesinatos violentos.

Antes de la creación de Províctima, las víctimas de los delitos no contaban con una dependencia que las asesoraran en el seguimiento de las averiguaciones previas, ni quién los atendiera psicológicamente tras haber perdido a sus familiares.

Álvarez Icaza consideró que uno de los principales problemas de Províctima fue que su creación no respondió a un diagnóstico elaborado con tiempo y con detalle.

“Si el presidente de la República asumió el compromiso de Províctima, tiene que ser una prioridad en su presupuesto y en su agenda, y así tiene que operar. Lamentablemente la PGR y Províctima no tienen ahora la fortaleza presupuestal que requieren las operaciones de esta naturaleza”, explicó.

Dado que la creación de Províctima fue anunciada después de que el proyecto de presupuesto del gobierno federal se envió a la Cámara de Diputados para su aprobación, la dependencia opera con personal y la estructura de atención a víctimas con las que contaban dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre los recursos heredados de la SSP y la PGR, se encuentran los centros de atención a víctimas que operaban en 13 estados del país y donde actualmente las víctimas pueden acudir en busca de asesoría legal y atención psicológica y médica, explicó Herrerías.

Por falta de presupuesto, la dependencia no tiene centros de atención en los estados en los que se ha registrado un aumento en el índice delictivo como Tamaulipas o Coahuila. En lo que queda del sexenio se busca establecer este tipo de centros en todo el país, dijo la titular de Províctima.

En el centro de atención ubicado en las oficinas centrales, al sur de la capital del país, “hemos tenido gente que viene de Michoacán, gente que viene de Tamaulipas, gente que viene también de Torreón, en donde sus familiares y amigos han sido desaparecidos”, dijo Claudia Morales Rojas, trabajadora social de Províctima en el DF.

A pesar de las diferencias entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que buscan la protección y atención de las víctimas, Álvarez Icaza señaló que han logrado tener un acercamiento para trabajar de manera conjunta.

“Hay un voto de confianza, pero hay un mandato y una exigencia para que funcione. No es un favor, son una serie de derechos que el Estado mexicano tiene que garantizar para evitar la revictimización”.