Guatemala pide que se investiguen abusos de México contra refugiados

La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala pidió este jueves a su gobierno que investigue supuestos abusos cometidos por autoridades mexicanas en la repatriación de 71 campesinos guatemaltecos, realizada el lunes pasado desde el estado de Tabasco.

La fiscalía demandó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de “todas las acciones necesarias para establecer las condiciones” en que se produjo la repatriación de los campesinos, y pidió medidas de reparación ante “la eventual violación de sus derechos humanos”, en un comunicado firmado por Sergio Morales Alvarado, titular del organismo.

La Procuraduría “lamenta la forma en que se produjo la detención, traslado, reclusión y posterior repatriación de este grupo de guatemaltecos en territorio mexicano, habida cuenta que se trata de personas que buscaron refugio humanitario en el país vecino”, aseguró el titular de derechos humanos.

Los 71 campesinos habían permanecido desde agosto en terrenos del municipio de Tenosique, Tabasco, a donde emigraron tras ser desalojados por autoridades guatemaltecas del parque nacional Sierra Lacandón, en Guatemala, donde el gobierno guatemalteco prohíbe los asentamientos por ser área natural protegida.

CNNMéxico intentó obtener una respuesta sobre esta demanda en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, pero funcionarios de comunicación del organismo explicaron que el asunto lo atiende la Secretaría de Asuntos Agrarios, debido a que la causa de la migración de los campesinos es un conflicto de tierras.

El martes, el Instituto Nacional de Migración informó del traslado de los 71 ciudadanos guatemaltecos, al que se refirió como un “rescate humanitario”, debido a que los campesinos vivían en “condiciones insalubres, completo abandono y carentes de calidad migratoria vigente”.

El INM detalló que el operativo fue realizado por personal mayoritariamente femenino y desarmado, y en compañía de funcionarios de derechos humanos. El organismo aseguró que los guatemaltecos fueron trasladados “en pleno respeto a sus derechos humanos”.

“Es falso (el desalojo), fue una revisión migratoria que se realizó para definir su estatus migratorio en nuestro país”, aseguró este jueves Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM, quien reiteró que la remoción de los campesinos fue voluntaria y por razones humanitarias.

“Nosotros no podemos obligar a una persona a ser repatriada, eso debe ser voluntario, sobre todo con niños y mujeres, eso es absolutamente falso”, dijo.

En un video difundido por el INM en el anuncio de la repatriación, se puede apreciar a agentes del instituto dialogando con las familias de campesinos, quienes abordan tranquilamente autobuses en la comunidad. También se ve a una funcionaria de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Organizaciones de derechos humanos de México aseguraron el miércoles que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal desalojaron violentamente a los ciudadanos guatemaltecos, y agregaron que, según testimonios de los afectados, se violaron sus derechos humanos.

Este jueves, un campesino originario de la comunidad de Nueva Esperanza acusó a la autoridad migratoria de irregularidades graves en el proceso de repatriación de sus compañeros, y aseguró que fue detenido y agredido por policías federales a pesar de tener una forma migratoria vigente para trabajar y vivir en México.

“La comunidad estaba negociando de rodillas” su reubicación en Guatemala, aseguró el campesino Maynor Randolfo Morales López, en una conferencia en la Ciudad de México y acompañado de organizaciones sociales. “Tenemos miedo fundado, nos han engañado mucho”, dijo.

Entre los supuestos abusos, los defensores de derechos humanos acusan haber distanciado a familiares en la repatriación. Algunas mujeres repatriadas dijeron a autoridades guatemaltecas que se separaron de sus familias debido a que sus maridos e hijos se encontraban trabajando en el campo al momento de iniciar el operativo,  aseguró este jueves a CNNMéxico Manola Santa Cruz, vocera de la Secretaría de Asuntos Agrarios del país centroamericano.

Varias dependencias del gobierno guatemalteco se encuentran en negociaciones con organizaciones campesinas para dotar de tierras a las 15 familias repatriadas en el departamento norteño de Petén, en Guatemala, donde se solucionen las demandas de tierra, luz, agua potable y otros servicios básicos, detalló Santa Cruz.

Los 15 hombres, 11 mujeres y 45 niños, quienes permanecen en la estación migratoria de Tecún Umán, en la frontera entre Guatemala y Chiapas, serán instalados en tierras del norteño departamento de Petén una vez que cumplan con los requisitos de las autoridades guatemaltecas.

“El principal problema de ellos es el acceso a la tierra”, aseguró Santa Cruz. “Tienen que llenar ciertos requisitos para que puedan ser asentadas en un lugar”, dijo la funcionaria.

Los campesinos desplazados representan un caso de “alta vulnerabilidad” para el gobierno guatemalteco, por haber muchas familias y niños involucrados, aseguró Santa Cruz.

Los campesinos y las autoridades guatemaltecas instalaron una mesa de negociación interdisciplinaria para tratar de solucionar el conflicto agrario en la comunidad de Nueva Esperanza, en el norteño departamento de Petén, el cual se originó cuando la población creció e invadió un área natural protegida, detalló la vocera de Asuntos Agrarios.

El problema en la región afecta a 91 familias —unas 263 personas—, aunque no todas estas se refugiaron en México, aseguró la funcionaria.

Los estados de Tabasco y Chiapas, al sur de México, son lugar de entrada al país de miles de migrantes centro y sudamericanos cada año , que buscan mejores condiciones de vida. En su camino, hacia México o Estados Unidos, son comunes los abusos de algunas autoridades y miembros del crimen organizado.