Autoridades no han emitido respuesta por reporte de la CNDH sobre Guerrero
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha recibido respuesta de las autoridades federales, estatales o municipales, tras haber dado a conocer el informe preliminar sobre el enfrentamiento entre policías y estudiantes ocurrido el pasado 12 de diciembre en el estado de Guerrero, señaló Luis García López, primer visitador de la dependencia.
En entrevista con CNNMéxico, dijo que ninguna de las tres instancias ha enviado una respuesta oficial al reporte difundido este lunes que incluye detalles de la investigación llevada a cabo por la CNDH y que evidencia violaciones graves a los derechos humanos. En este documento se señala también a los policías estatales y federales como presuntos culpables de la muerte de dos estudiantes.
"Hemos escuchado lo que se ha dado a conocer a través de los medios o las áreas oficiales del gobierno del estado de Guerrero, pero aquí no hemos recibido una información que diga, respecto del informe preliminar, esto es lo que vamos a hacer oficialmente hablando", explicó.
Si bien las autoridades no tienen la obligación legal de responder a los informes preliminares o a las recomendaciones de la CNDH, debido a que ninguno de los dos tienen un carácter vinculante, García López consideró que hacerlo demostraría la voluntad de los involucrados para esclarecer los hechos.
Adelantó que máximo en 40 días, la CNDH dará a conocer las conclusiones finales sobre las violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones a las instancias involucradas en los hechos.
Sin embargo, dijo que las conclusiones no terminarán con la participación de la instancia autónoma, ya que la Comisión debe dar seguimiento al caso para conocer las acciones que las autoridades tomen con el fin de cumplir con las recomendaciones de la dependencia autónoma.
"El asunto no acaba ni con este informe preliminar ni con la recomendación. Después de ello hay un seguimiento y el seguimiento necesariamente tiene que llevar informaciones que nos den las autoridades de que ya se cumplieron o se procesaron o se sentenciaron o se repararon los daños, que hay garantías de no repetición", indicó.
El pasado 12 de diciembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y policías federales y estatales se enfrentaron en las inmediaciones de la Autopista del Sol, provocando la muerte de dos jóvenes, seis heridos y más de 20 detenidos.
El choque ocurrió luego de que un grupo de normalistas bloquéo la circulación vehicular para protestar contra el gobierno estatal por no responder a un pliego petitorio que enviaron y por no haber sido recibidos por las autoridades estatales para presentar sus demandas.
Los manifestantes prendieron fuego a objetos cercanos a la gasolinera, mismo que alcanzó a una de las bombas.
Tras el incendio, policías estatales y federales detuvieron a varios jóvenes, de los cuales, dos murieron por herida de bala. Hasta ahora no se ha aclarado quién disparó a los normalistas.
El pasado 20 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) giró órdenes de arraigo para 12 policías presuntamente culpables de las muertes, heridas y torturas, pero a un mes de los hechos, ninguno ha sido sentenciado.
García López lamentó que las autoridades locales y federales se hayan intentado responsabilizar mutuamente por los hechos sin asumir las responsabilidades por sus fallas.
“Lo que sí observamos en este caso fue un rebote de deslindes entre los diversos niveles de autoridad que si unos llegaron primero, que si otros llegaron a reforzar, que yo no disparé y eso lo que nos da es una idea de que no hay una actitud institucional por parte de las autoridades que cometen violaciones de derechos humanos de responder por ellas”, indicó.
Esta es la primera vez que la CNDH investiga directamente un caso de violación grave de derechos humanos, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos que le dio dicha atribución que anteriormente sólo tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El primer visitador dijo que la Comisión busca que se termine con los altos niveles de impunidad en materia de violación a los derechos humanos.
