Un juez otorga 10 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa
Un juez mexicano otorgó órdenes de aprehensión contra un civil y nueve servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero (PGJE), por probables delitos relacionados con la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en diciembre del año pasado.
“Esos servidores y ex servidores públicos son: el exprocurador, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de ministerio público y otro servidor público”, informó el domingo en un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR).
El área de comunicación de la PGR indicó a CNNMéxico que no refirió los nombres de las personas contra las que se dictó orden de aprehensión porque su nueva política es hacerlo hasta que se les dicte sentencia.
Sin embargo, cuando ocurrieron los enfrentamientos entre estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y policías en las inmediaciones de la Autopista del Sol, en el municipio de Chilpancingo, el procurador de Justicia de Guerrero era el funcionario Alberto López Rosas.
“Al extitular de esa Procuraduría local (López Rosas) se le señala, además por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo”, mencionó la PGR.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, removió a López Rosas de su cargo de procurador el pasado 13 de diciembre, con el fin de facilitar las investigaciones.
La PGR detalló este domingo que el juez primero de distrito en el estado de Guerrero otorgó las 10 órdenes de aprehensión el pasado 22 de febrero, por diversos delitos del orden federal.
En el caso del civil, se refiere su probable responsabilidad por los “delitos de informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas”.
Desde el pasado lunes 12 de diciembre, cuando ocurrieron los enfrentamientos en la capital de Guerrero, Chilpancingo, que resultaron en la muerte de dos estudiantes, la PGR informó que ha obtenido 280 declaraciones relacionadas con el caso, y que ha realizado 215 pruebas testimoniales.
También refirió que continúa investigando delitos como “abuso de autoridad y tortura, contra quien o quienes resulten responsables, sin distingo del orden de gobierno al que pertenezcan”.
