Gobierno ve complicado capturar agresores de Inés Fernández
No existen evidencias sólidas que permitan inculpar y detener a los presuntos violadores de la indígena guerrerense, Inés Fernández, admitió Max Diener Sala, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (Segob).
En entrevista con CNNMéxico, explicó que el expediente que se mantuvo por nueve años en la Corte Militar, demuestra que Inés no tuvo acceso inmediato ni a la justicia ni a un centro de salud que documentara los daños físicos, lo que impidió que se pudieran recolectar evidencias en contra de sus agresores.
“Tiene deficiencias muy importantes, eso no exime que se puedan encontrar a los responsables, pero es una labor mucho más complicada, y sobre todo porque no es nada más encontrarlos, sino porque hay que probar la culpabilidad en un proceso penal y finalmente que exista la sanción”, explicó Diener.
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió este martes una disculpa pública en nombre del Estado mexicano a la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, quien fue abusada sexualmente por militares en 2002.
El subsecretario dijo que tras el acto oficial, Inés, los familiares de Inés y sus representantes legales, tuvieron un encuentro privado con la procuradora general de la República, Marisela Morales, en el que solicitaron la intensificación de la búsqueda de los culpables del delito cometido hace 10 años.
Ante la negativa de las autoridades castrenses por hacer justicia, este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de los abogados de la indígena guerrerense, que a su vez turnó el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH).
Tras evaluar las circunstancias y los argumentos legales, la CoiDH resolvió en 2011 en contra del Estado mexicano y obligó al Poder Ejecutivo federal ofrecer una disculpa pública y pagar indemnizaciones que superaron el millón de pesos (casi 78,000 dólares), entre otras medidas, según Diener.
Ésta, y la sentencia relacionada con otro caso de una violación a una indígena guerrerense, Valentina Rosendo , llevaron a que el órgano internacional hiciera un llamado para que los casos de violaciones de derechos humanos a civiles, por parte de los militares, fueran juzgados en cortes civiles.
Tras esta resolución, el caso de Inés fue atraído a la Procuraduría General de la República (PGR), específicamente, a la Fiscalía Especial de Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, que ahora está a cargo de la investigación.
El gobierno mexicano ha tenido que pedir disculpas ya en varias ocasiones, como resultado de las resoluciones de la CoiDH. Además de los casos de Valentina e Inés, el gobierno federal se disculpó por los abusos cometidos en el caso Rosendo Radilla —un activista presuntamente asesinado por fuerzas oficiales en la década de 1970— y por el caso del Campo Algodonero , relacionado con la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.