Caso Cassez: ¿Y si los ministros votan en contra de su liberación?
El próximo miércoles 21 de marzo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y votará el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, que propone la liberación de Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada por secuestro.
Para que Cassez pueda ser excarcelada, la mayoría de los cinco ministros deberán votar a favor del proyecto que señala que se violaron los derechos fundamentales a la notificación, a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia de la mujer.
En el documento publicado el pasado 7 de marzo, el ministro Zaldívar explica que, los agentes que detuvieron a Cassez en el 2005 , no contactaron de inmediato al consulado francés, por lo que hubo una violación al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, “contacto y asistencia consular”.
Por otro lado, agrega que las autoridades violaron el derecho fundamental de los detenidos a ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público, ya que antes de que le tomaran su primera declaración ministerial, Cassez fue trasladada al rancho Las Chinitas, donde vivía con su pareja, “a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron”, según Zaldívar.
El ministro inicia el proyecto de resolución con un recuento detallado del "montaje" que fue realizado por parte de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el 9 de diciembre del 2005, y que fue transmitido por los dos noticiarios más importantes de la televisión nacional.
Este "montaje" que presuntamente mostraba el rescate de las víctimas de una banda de secuestradores, incluía a Cassez y a su novio, Israel Vallarta, supuestos líderes de la banda de Los Zodiaco.
El proyecto de resolución señala a este montaje como uno de los elementos que contribuyó a la violación de los derechos fundamentales de Cassez —la única sentenciada de Los Zodiaco—, pese a que esta escenificación fue rechazada como un elemento probatorio de la violación de los derechos de la francesa en tres instancias anteriores.
El documento elaborado por el ministro Zaldívar de la SCJN fue publicado casi un año después de que la defensa de Cassez solicitara la revisión de un amparo que le fue denegado por el Sétimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en febrero del 2011. Un mes después, el máximo tribunal admitió el recurso.
“La verdad no esperábamos que la corte le diera entrada”, dijo Agustín Acosta, abogado de la francesa en entrevista con CNNMéxico.
El jueves pasado, el abogado explicó que, a partir de la publicación del documento, se abocarían a intentar convencer a los ministros encargados de analizar y votar el proyecto de resolución elaborado por Zaldívar.
Sin embargo, si los abogados no logran convencer a los ministros y el proyecto no alcanza el respaldo necesario, Cassez tendría que cumplir su sentencia de 60 años por los delitos de secuestro, portación de armas exclusivas del Ejército y delincuencia organizada.
Acosta adelantó que en caso de que esto suceda, los abogados de la francesa acudirían a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
La resolución final en la SCJN dependerá de los ministros: Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo y José Ramón Cossío, a menos que los integrantes de la primera sala decidan que el asunto amerita ser discutido en el pleno del Alto Tribunal, integrado por once ministros.
Si la CIDH admite la demanda relativa al caso Cassez, tras haber analizado los argumentos, emitiría una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el caso.
Iliana Rodríguez, investigadora del departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, explicó que únicamente cuando el Estado no cumple con las recomendaciones de la CIDH, la demanda es remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH).
México, al ser miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), y parte de la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1998, está obligado a cumplir con las resoluciones que la CoiDH dicte en su contra.
Recientemente, las resoluciones de la CoiDH contra del Estado mexicano, han obligado a las autoridades a disculparse públicamente por las faltas cometidas y a pagar indemnizaciones a las víctimas de violaciones a derechos humanos y a sus familiares.
Los casos más emblemáticos han sido los relacionados con las indígenas guerrerenses, Inés Fernández y Valentina Rosendo , el caso del activista Rosendo Radilla y el caso del Campo Algodonero , relacionado con el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez.
Rodríguez dijo a CNNMéxico que en casos similares a los de Florence Cassez, la CoiDH ha resuelto que el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales deben estar por encima del combate al crimen, por lo que si el caso de la francesa llega a las instancias regionales, prevalecería una lógica de este tipo.
“Florence Cassez podría ser culpada por los peores delitos que existan, pero si el Estado no observó el debido proceso y los derechos fundamentales, entonces el procedimiento tendría que terminar como lo sugiere la SCJN, con ella puesta en libertad”, dijo.
El caso Cassez llamó la atención tanto de la opinión pública mexicana como de la francesa. En el 2009, durante su última visita a México, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, pidió públicamente la repatriación de Cassez para cumplir con su sentencia —los 56 años que le quedaban en ese entonces— en territorio galo.
