La ONU emite recomendaciones a México por desapariciones forzadas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la falta de capacidad del gobierno mexicano para investigar las desapariciones forzadas y emitió una serie de recomendaciones a todos los niveles de gobierno en México sobre el tema.

“Pareciera que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar las investigaciones debidas en el caso de desapariciones forzadas”, dijo Ariel Dulitzky integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU que visitó México en marzo de 2011 para la realización del informe presentado este miércoles.

Entre las recomendaciones emitidas por la ONU están mejorar los protocolos de investigación, crear una base de datos confiable que reúna datos de desaparecidos, crear una sola definición sobre quién es un desaparecido en las leyes federales y estatales, e investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas, entre otras.

Las desapariciones forzadas persisten debido a la impunidad generalizada y prevaleciente, falta de veracidad y los deficientes protocolos de investigación y carencia de protección a familiares, aseguró Dulitzky en un enlace desde Suiza a la Ciudad de México.

El estudio también concluyó que el país carece de leyes y normas de justicia para investigar y evitar la desaparición de personas.

“Hay grupos que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad: mujeres, migrantes, activistas de derechos humanos y periodistas”, explicó Dulitzky sobre la situación que encontró la ONU el año pasado en México.

Entre los avances que ha tenido el país, el Grupo de Trabajo reconoce la promulgación de la ley sobre Derechos Humanos de 2011, así como la “disposición al escrutinio internacional” del gobierno mexicano con organismos internacionales de protección a garantías individuales.

Sin embargo, Dulitzky cuestionó que el deber del Estado de proteger a su población de los delincuentes no puede realizarse a “expensas de los derechos humanos”, ni responsabilizando sólo a los grupos delictivos de la desaparición de personas “sin una investigación adecuada”.

El informe divide la desaparición de personas en dos periodos: el de la denominada Guerra Sucia, en donde "cientos de víctimas" sufrieron de una "política de represión sistematizada" del gobierno contra disidentes; y la situación actual, en donde existe una "impunidad generalizada", señaló Dulitzky.

También criticó la actuación de las fuerzas armadas como el Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. El grupo de la ONU rechazó que no exista un plan para su retirada de las calles, así como la falta de independencia en la investigación de delitos cometidos por militares.

Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas fueron identificados como los estados en donde hay mayor cantidad de casos de desaparición que involucran a elementos de las fuerzas armadas.

Los juicios a militares siguen realizándose sin independencia, por lo que “no sorprende que el número de quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa haya aumentado”, explicó el representante de la ONU.

En la presentación estuvo Facundo Rosas Rosas, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quien en su intervención aseguró que el gobierno mexicano aceptaba las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo.

Afirmó que el gobierno mexicano ha capacitado y supervisado a las fuerzas de seguridad federales, además creó la Plataforma México que permite compartir la información de detenciones a nivel nacional.

“Si un policía está informado y adiestrado, el nivel de riesgo de que viole garantías individuales es menor”, dijo el subsecretario.

En la presentación también participó la activista Blanca Martínez, de la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, quien presentó un recuento de casos sobre desapariciones en el país en los últimos meses; así como Néstor González Sánchez, de la Procuraduría General de la República (PGR) y Agustín Lara Godoy, director adjunto del Programa de Desaparecidos de la CNDH.