El caso Cassez abre el debate sobre el nuevo sistema judicial: analistas
Los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Florence Cassez son el inicio de un debate sobre el modelo de justicia que se requiere en México y la protección a los derechos humanos de los ciudadanos durante un proceso judicial, concordaron analistas en el programa México Opina.
"Todos tenemos como meta tener una policía donde no se violen derechos humanos, que la instituciones trabajen con limpieza absoluta", dijo Samuel González, consultor internacional en materia de seguridad pública.
"Hay que cambiar las prácticas de la autoridades, los policías tienen que aprender que toda prueba obtenida contra de los derechos humanos será nula", afirmó el extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República.
Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005, pero su arresto se dio a conocer un día después, cuando las principales cadenas de televisión trasmitieron un operativo de policías federales en el que se mostraba cómo liberaban a secuestrados y arrestaban a los captores.
Desde que fue sentenciada a prisión, en abril del 2006, la francesa ha intentado revertir su condena. A inicios de este mes, el ministro Arturo Zaldívar presentó un proyecto ante la Corte para concederle un amparo y la liberación.
Sin embargo, la Primera Sala de la SCJN resolvió el pasado miércoles que se violaron las garantías fundamentales de la ciudadana francesa, aunque no hubo mayoría para acordar su inmediata liberación. La ministra Olga Sánchez —a favor de su liberación— elaborará un nuevo proyecto que será discutido por los magistrados.
Para Fernando Coronado, consultor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el nuevo proyecto del caso debe proponer la eliminación de ciertas pruebas y analizar las violaciones cometidas en contra de Cassez.
"El tema jurídico es que al terminar de valorar todos los elementos se le vuelva a dictar una nueva sentencia a Florence", dijo Coronado.
Agregó que es importante establecer que cuando las autoridades llevan un proceso penal sin respetar los derechos fundamentales "tiene que tener consecuencias para no volver a incurrir en una violación".
Rossana Fuentes-Berain, vicepresidenta editorial de Grupo Expansión, cuestionó al panel sobre cuál sería el peor escenario para Cassez con el nuevo proyecto presentado ante la Suprema Corte y si la acusada debe purgar su pena en Francia.
"Los 60 años que tiene que cumplir son el escenario real, lo que tiene que pagar por lo que hizo", dijo Gerardo Palomar Méndez, director de Programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey.
De acuerdo con Palomar, si Cassez fuera a Francia, la pena sería mucho menor. "Allá también existe la figura del indulto, como se ha convertido en un tema político, el presidente Sarkozy puede liberarla en cuanto pise suelo francés", explicó.
El abogado del Tec de Monterrey dijo que existe una sentencia con base en hechos: "No se le negó su derecho al acceso de justicia o a un abogado, se le permitió todo y tuvo una excelente defensa, no es suficiente con saber que la primera declaración de Cassez se hizo sin asistencia consular para quedar libre".
Samuel González destacó que el montaje televisivo en el que Florence Cassez "fue obligada" a participar por parte de las autoridades arruina el elemento de certeza sobre la actuación de la policía en el caso.
"Sí sucedieron varias violaciones procesales en el caso Cassez, además de afectar a su imagen y su honra al ser exhibida, se le presentó como culpable, pero eso no es suficiente para anular el juicio", dijo el extitular de la UEDO.
Para Fernando Coronado, consultor jurídico de la CDHDF, si el caso llega a la Corte la Interamericana de Derechos Humanos, "lo menos que la Corte diría es que el procedimiento se debe reponer, pero con las violaciones cometidas puede considerar liberarla".