El exgobernador Pablo Salazar se declara en "desobediencia civil"
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se negó a presentarse ante la autoridad judicial estatal para rendir su declaración por un nuevo proceso penal en su contra.
Salazar argumentó que está consciente de que su negativa es un acto de "desobediencia civil", pero dijo que lo realiza en protesta por el actuar de los órganos de procuración y administración de justicia en Chiapas, a los que acusa de estar sometidos al interés político del gobernador Juan Sabines Guerrero.
La desobediencia civil consiste en no acatar una norma a la que se está obligado a cumplir, para inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas.
En este caso, el exgobernador se negó a presentarse a rendir su declaración preparatoria, a la que le obliga la ley, y solamente la rindió por escrito, sin presentarse en el juzgado.
Salazar Mendiguchía argumentó que esta acción la hace porque considera que el nuevo proceso penal “es un eslabón más de la despiadada e inhumana persecución del represor Juan Sabines”.
Añadió que no cree en los órganos de procuración y administración de justicia, “sometidas bajo su tiránico control, y por no prestarme al juego político de este demencial gobierno”.
El 12 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió un nuevo proceso penal –el octavo–, contra Salazar Mendiguchía, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al presuntamente haber ordenado al exfiscal Mariano Herrán la fabricación de averiguaciones previas en contra de diversos exservidores públicos de la administración de Roberto Albores Guillén (1998-2000).
Según la Procuraduría, la parte acusatoria es Arturo López Martínez, quien se desempeñaba como director de la Comisión Estatal de Caminos en la administración de Albores Guillén. Él fue detenido el 14 de mayo de 2001, acusado de los delitos de fraude, ejercicio indebido de funciones públicas y asociación delictuosa.
El exdirector de la Comisión Estatal de Caminos permaneció en prisión hasta abril de 2008, cuando el ministro de justicia del estado, ya bajo el gobierno de Juan Sabines Guerrero, desistió de la acción penal en contra de Arturo López y falló sentencia absolutoria.
El pasado 13 de abril, cuatro años después de alcanzar su libertad, demandó al exgobernador Pablo Salazar.
Según la Procuraduría estatal, López Martínez basó sus acusaciones en la presunta declaración ministerial del exprocurador Mariano Herrán Salvatti, quien habría señalado que Salazar Mendiguchía le ordenó iniciar procesos penales contra funcionarios de la administración de Roberto Albores Guillén, “ya que éste y sus colaboradores habían obstaculizado su campaña política, entre quienes se encontraban Arturo López Martínez y Librado de la Torre González”.
Sobre las acusaciones en su contra, Salazar Mendiguchía descalificó el testimonio de Herrán Salvatti, “por singular, extemporáneo, carente de espontaneidad y de veracidad”, declaró en una carta pública.
Argumentó que el testimonio de Herrán Salvatti está viciado “por tratarse de un reo del estado con un cúmulo de procesos en su contra y otra cantidad escandalosa de indagatorias por consignar”.
Herrán Salvatti, exzar antidrogas del gobierno de México , y exfiscal general de Justicia de Chiapas, está detenido desde enero de 2009, acusado de los delitos de asociación delictuosa, peculado, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza, entre otros delitos.
En julio de 2011 fue trasladado a un hospital, en donde permanece bajo custodia.
Pablo Salazar argumenta que el exfiscal fue trasladado “en pago a su declaración en mi contra. La moneda de cambio fue ‘si declaras en contra de Pablo, te sacamos de la cárcel’. Y así fue”.
El exgobernador se encuentra preso desde el 7 de junio de 2011 . Enfrenta al momento ocho procesos penales por delitos que van desde homicidio doloso hasta defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita.