Los delitos contra periodistas serán perseguidos por autoridades federales
Los delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas serán perseguidos por las autoridades a nivel federal en México, luego de que el presidente Felipe Calderón ratificara este viernes la ley de protección aprobada por el Congreso.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas responsabiliza a las autoridades a tomar las medidas necesarias para proteger a las personas que corren riesgos por sus actividades de defensa de los derechos humanos, y a los periodistas que realizan labores informativas en condiciones de inseguridad.
En cuanto a los mecanismos de protección a periodistas, el Presidente explicó que las autoridades deben responder a la solicitud de resguardo de un periodista amenazado en un máximo de tres horas; garantizar la seguridad de instalaciones de los medios, e instalación de cámaras de seguridad, además de la impartición de cursos y manuales de prevención.
Con este decreto “avanzaremos decididamente en el abatimiento de la impunidad, daremos respuesta a una demanda muy sentida de los profesionales de nuestro país”, dijo Calderón en la sede presidencial de Los Pinos, en la Ciudad de México.
La ley también establece un fondo de recursos económicos para garantizar el cumplimiento de estas normas, el cual estará integrado por recursos de la federación, donativos de empresas y ciudadano, y las aportaciones que realicen los gobiernos de los estados.
“También se firmó un decreto que permitirá atraer e investigar aquellos delitos del fuero común contra personas o instalaciones relacionadas con medios”, detalló Felipe Calderón. Y agregó que los mecanismos de esta ley ofrecerán una mayor coordinación entre autoridades federales y locales.
“Es indignante ver cómo en algunas regiones del país, los comunicadores y activistas están expuestos a agresiones, abusos, actos de hostigamiento, en el ejercicio y por el ejercicio de sus actividades”, dijo Calderón.
A su vez, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que los atentados en contra de activistas y periodistas son "un acto de violencia en contra de la democracia y en contra de las libertades de todos los ciudadanos".
“La impunidad envía una fuerte señal de que es posible asesinar periodistas y defensores sin consecuencias —dijo Pillay a través de un comunicado— Cuando se mata a una persona que se dedica a esta actividad, no solamente resulta lastimada dicha persona, sino la población entera”.
Dijo que el año pasado se reunió con organizaciones de defensa de los derechos humanos y de periodistas, donde conoció los “serios riesgos” que viven cotidianamente para realizar su trabajo, por lo que consideró que “la implementación seria de esta nueva ley será fundamental para enfrentar la situación”.
“Ha sido alentador saber que la ley, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil y aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de abril, fue el resultado de un proceso abierto y participativo”, dijo Pilay.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que de 2000 a abril de este año —cuando se aprobó la ley— se registraron 76 homicidios de comunicadores en México.
Entre el 28 de abril y el 3 de mayo fue asesinada la periodista y corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez; así como los fotoreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, homicidios ocurridos en el mismo estado .
Desde 2010, cuando inició la administración del gobernador Javier Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en el estado. El último caso fue el de Víctor Manuel Báez , un reportero del diario Milenio, quien fue hallado muerto el 14 de junio, luego de que presuntamente fue secuestrado por hombres armados.
Expertos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado el 14 de mayo al gobierno mexicano para tomar medidas para frenar los delitos contra periodistas.
"Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente", indicaron.
El pasado 24 de mayo, Amnistía Internacional (AI) denunció que durante el año pasado el Estado mexicano no protegió a los comunicadores y defensores de derechos humanos ni resolvió los casos.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) publicó en diciembre de 2011 una lista en la que el estado de Veracruz se situaba como uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, debido a los hechos de violencia.
