El PRI denuncia a López Obrador como estrategia de defensa: investigador
La denuncia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el uso de recursos públicos por parte de Andrés Manuel López Obrador es una estrategia de defensa en contra del perredista, quien a su vez intenta buscar la invalidación de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, aseguró José Luis Reyna, investigador del Colegio de México.
El dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó este lunes en conferencia de prensa que López Obrador, candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista, usó a asociaciones civiles como Honestidad Valiente y Austeridad Republicana para evadir la fiscalización y topes en sus gastos de campaña.
"Aquí se trata de una serie de acusaciones mutuas que tienen el mismo fundamento, un fundamento poco sostenible de que unos y otros han cometido los mismo delitos" y en lo cual el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene que realizar una investigación que llevará tiempo, aseguró Reyna en entrevista con Carmen Aristegui en CNN en Español.
El 8 de junio pasado, el PRI solicitó a la autoridad electoral que investigara la participación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la aportación de recursos a la campaña de López Obrador. En junio, el candidato de izquierda presentó un informe de gastos de campaña en el que afirmó que de marzo 30, fecha del inicio de campañas a esa fecha, había gastado 184 millones de pesos.
El tope de gastos impuesto por el IFE para cada candidato fue de 336 millones 112,084 pesos.
“Estas acusaciones defienden al PRI de lo que han dicho los otros partidos. Hay un cuestionamiento importante por la impugnación que se ha hecho por parte de las izquierdas al proceso electoral. Ese debate ha hecho que las acusaciones salgan ahora ya que después de la elección hemos visto este tipo de problemas y descalificaciones sobre el uso del dinero”, dijo Reyna.
“El presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, habla del lavado de dinero, del billetazo y que los gobiernos del tricolor se han ganado con recursos públicos”, dijo. “Ahora el PRI dice lo mismo, que López obrador usó 1,200 millones de pesos en su campaña, lo cual me parece exagerado”.
Sin embargo, para el investigador mexicano, todas estas denuncias se han fomentado por el proceso de impugnación del proceso electoral del pasado 1 de julio. “Esa es parte de una cultura política, en donde no pasará nada y todo se quedará igual por la impunidad que hay en México. No veo un mecanismo legal y jurídico que pueda decir efectivamente que hubo un ilícito”.
El único castigo que puede surgir de todas estas mutuas acusaciones será tal vez una multa, “perfectamente pagable pero barata”, dice Reyna. “La investigación se llevará tiempo, no será antes del 6 de septiembre. La decisión la tendremos cuando ya esté el nuevo presidente de México y la nueva legislatura. En ese tiempo podrán pagar la multa”.
“500 millones de pesos fueron desviados de Pemex a la campaña del priista Francisco Labastida en su campaña presidencial del 2000. Pagaron 1,000 millones en multa. A final de cuentas quien ganó el poder, lo mantuvo, no cambió la situación”, aseguró.
Si efectivamente es hasta 2013 cuando el IFE dé una respuesta sobre la investigación de fiscalización y denuncias de los partidos será muy lamentable darnos cuenta si hubo efectivamente un delito grave durante las elecciones, dijo el investigador.
La coalición Movimiento Progresista pidió el 12 de julio al IFE invalidar los resultados de la elección del 1 de julio, argumentando que el PRI incurrió durante la campaña en la compra y coacción del voto, imparcialidad y rebase en los topes de campaña.
Días antes de la elección del 1 de julio, el PAN acusó al PRI ante el IFE de tener una cuenta en el banco Monex con 700 millones de dólares, recursos destinados a que sus operadores políticos entregaran miles de tarjetas de débito a cambio de votos por el candidato Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el conteo final del IFE, el priista Peña Nieto es el virtual ganador de la elección presidencial con el 38.21% de los votos. En segundo lugar quedó López Obrador con el 32%.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el próximo 31 de agosto para emitir una resolución por el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista, y deberá, el 6 de septiembre próximo, entregar constancia al presidente electo.
“Yo creo que el IFE tiene una sola alternativa: ante la demanda de los partidos tiene que dar una mínima respuesta, pero no a los partidos, si no a los ciudadanos que hemos visto un proceso postelectoral lleno de denuncias, con poca legitimidad”, finalizó.
