La PGR detecta irregularidades en la mina en la que murieron siete obreros
Seis de los siete mineros que fallecieron el pasado 25 de julio en la mina La Escondida, en Coahuila, carecían de seguridad social, según una investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR).
Esto fue hecho público este jueves a casi una semana de que ocurriera el siniestro –26 de julio–, cuando Federico Quintanilla, dueño de la Compañía Minera El Progreso que operaba La Escondida, informó a medios locales que todos sus trabajadores recibían sueldos de alrededor de 2,300 pesos a la semana y que estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras este hallazgo, el IMSS informó que presentó una denuncia en contra de los representantes legales de la Compañía Minera El Progreso , así como a quien resulte responsable del delito o delitos por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones que prevé la Ley del Seguro Social, según la agencia de noticias Notimex.
Dos días después del siniestro, la Secretaría de Economía informó a través de un comunicado que iniciaría un procedimiento para sancionar y suspender definitivamente la ejecución de obras y trabajos en la mina La Escondida.
Cristina Auerbach, asesora legal de las familias de los fallecidos, dijo a CNNMéxico que Quintanilla se ha acercado a los parientes de los difuntos con el fin de ofrecerles indemnizaciones, a cambio de un perdón que le permita reabrir la mina.
Diarios locales de Coahuila publicaron que Quintanilla –quien fue presidente municipal de Progreso del 2006 al 2009– acudió personalmente con las familias para intentar convencerlos de que firmaran un documento que deslinde a la empresa de la muerte de los siete mineros.
“Yo solo puedo decir que hay familias que no le van a firmar nada”, indicó Auerbach en entrevista con CNNMéxico.
La activista que también ha asesorado a esposas y padres de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en el 2005 , opinó que tanto el accidente como la falta de seguridad social de los trabajadores, es tan solo un reflejo de la situación de las minas de carbón en Coahuila.
“Lo que vemos en este caso es como la estampa de lo que hemos venido denunciando desde hace años”, dijo.
Las familias están analizando actualmente si proceder legalmente en contra de la empresa de manera conjunta o cada una por su parte.
De acuerdo con un registro que Auerbach lleva sobre los siniestros y muertes en minas de carbón, en lo que va del 2012 han fallecido 18 mineros y tan solo en el municipio de Barroterán –donde estaba La Escondida– la clínica local reportó que ha atendido a 14 lesionados graves por accidentes, que llegan con lesiones como amputaciones de piernas, dedos o manos.
Como resultado del siniestro ocurrido el pasado 25 de julio, 11 niños quedaron huérfanos, según la asesora.
CNNMéxico intentó localizar a Quintanilla para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible localizarlo de forma inmediata. Al contactar al gobierno del estado de Coahuila, funcionarios de la vocería explicaron que ellos no eran los responsables de dar información sobre la seguridad en las minas.
Durante el 2011, en esta región fallecieron 30 mineros, el mayor número de muertes desde 2006, cuando 65 trabajadores fallecieron en un accidente en la mina Pasta de Conchos, según un reporte de la Asociación Familia Pasta de Conchos.
Investigaciones de organizaciones como Centro de Reflexión y Acción Laboral han revelado que la mayoría de los siniestros ocurrieron por falta de medidas de seguridad.