El Senado mexicano da aval definitivo a ley contra lavado de dinero
El Senado mexicano aprobó este jueves la ley contra el lavado de dinero que, según sus promotores, busca “inhibir” las ganancias de los grupos delictivos y con ello ayudar a desmantelarlos.
La legislación fue avalada en lo general por unanimidad y, en lo particular, por 108 votos a favor y tres en contra, y fue enviada al presidente Felipe Calderón para su promulgación.
La aprobación de la propuesta tomó más de dos años, luego de que Calderón presentara su iniciativa al Congreso de la Unión a finales de agosto de 2010. Desde entonces, el documento recibió modificaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Entre otros puntos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a que exista una mayor cooperación en el tema entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), que tendrá una nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero.
También señala que las instituciones financieras deberán tomar “medidas y procedimientos para prevenir y detectar” posibles delitos y reportarlos a la SHCP, en tanto sector privado y autoridades deberán vigilar con especial atención “actividades vulnerables”: juegos de apuesta, sorteos, emisión de tarjetas de crédito o prepago, uso de cheques de viajero, compraventa de joyas, préstamos o venta de inmuebles y autos que rebasen ciertos montos.
Otro punto clave de la legislación establece la prohibición de que inmuebles, vehículos, servicios de blindaje o joyas de determinados precios sean pagados en efectivo o con metales preciosos.
El senador Roberto Gil Zuarth, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia —quien revisó el documento—, dijo que la ley busca “inhibir” las ganancias de los grupos delictivos y que “bajo ninguna circunstancia vulnera los derechos de los ciudadanos”.
Marco Antonio Blásquez, del Partido del Trabajo (PT), manifestó su respaldo a la legislación, aunque llamó a dar seguimiento a su aplicación para detectar posibles afectaciones a la ciudadanía o empresas e intentos por eludirla.
Otros legisladores consideraron que la ley es un paso necesario en el combate a los grupos del crimen organizado.
“No hay forma de ir contra la delincuencia si no se lastiman las finanzas que la sostienen”, dijo Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“No hay pretexto para que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República actúen de manera coordinada en uno de los temas fundamentales para desmantelar las redes del narcotráfico”, señaló Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda.
La procuradora Marisela Morales festejó la aprobación de la ley y señaló a través de su cuenta de Twitter que será un mecanismo útil para enfrentar al crimen.
“Este instrumento jurídico será de invaluable ayuda en el combate a las estructuras financieras de la delincuencia organizada transnacional”, escribió.
El gobierno de Calderón, que inició en 2006 y termina el 1 de diciembre, desplegó desde su instalación una estrategia de combate a la delincuencia. Algunos de sus críticos señalan que uno de sus puntos débiles ha sido no enfrentar con más fuerza las actividades de lavado de dinero que surten de recurso a los criminales.