Memorial de Víctimas, ¿una fosa común o un espacio para la reconciliación?

El rechazo de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) hacia el Memorial de Víctimas, cuya construcción tiene un 35% de avance en la Ciudad de México, no representa una ruptura entre los grupos ciudadanos que buscan crear consciencia sobre la violencia en el país, consideró la activista Isabel Miranda de Wallace.

“Las víctimas jamás vamos a estar divididas porque nos une el dolor. Podemos tener diferencias sobre cómo hacer las cosas, pero a fin de cuentas vamos por el mismo camino”, expresó la  excandidata a la jefatura de Gobierno  del Distrito Federal, por el Partido Acción Nacional (PAN) en una entrevista con CNNMéxico.

Las organizaciones civiles Alto al Secuestro, de Miranda de Wallace; Fundación Camino a Casa, de Patricia Prado; México SOS, de Fernando Martí; y el Colegio de Arquitectos, han colaborado con las autoridades mexicanas para construir un memorial que recuerde a las víctimas de asesinatos, secuestros y otros hechos violentos.  

El gobierno federal otorgó recursos por hasta 30 millones de pesos para concretar la obra, y cedió un terreno de 13,864 metros cuadrados, que se ubica a un costado de las instalaciones militares del Campo Marte, en la capital mexicana. 

Sicilia y el MPJD difieren sobre la ubicación del memorial, cerca de un punto clave del Ejército, pues consideran que durante el combate al crimen organizado esa institución ha incurrido en excesos y “errores” en contra de civiles, según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Desde la perspectiva de Miranda de Wallace, los abusos de la milicia han sido “casos aislados”, y se debe reconocer que el Ejército ha hecho “muchísimas más cosas positivas por la ciudadanía”, desde que el presidente Calderón decidió incluir la fuerza militar en su estrategia contra el crimen, en 2006.

“Tenemos que estar agradecidos con las fuerzas armadas, porque han hecho una gran labor”, y ellos también han sufrido bajas y dolor, mencionó.

La presidenta de Alto al Secuestro recordó que en algún momento pidió al gobierno federal que la sede del memorial tuviera otra ubicación pero, a fin de cuentas, prevaleció el Campo Marte. “No siempre se puede hacer lo que uno propone, o lo que a uno le gustaría. Fue el lugar que nos destinaron”, comentó.

El MPJD anunció en una conferencia el 1 de agosto de 2012 que buscará  la creación de un memorial alterno , ubicado en el Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal, así como una obra similar en cada uno de los 31 estados del país.

En ese momento Sicilia declaró que la construcción cercana al Campo Marte era “un monumento a la violencia”, enfocado en tapar “el reguero de sangre”, y criticó que no incluyera la colocación de los nombres de las personas que han  muerto desde que se implementó la Estrategia Nacional de Seguridad, por enfrentamientos entre grupos criminales, o en algunos casos como resultado de la acción de la propia autoridad.

Respecto a esa crítica, Wallace comentó que el Memorial –diseñado por el arquitecto Ricardo López Martín con 15 muros de acero que funcionarán como espejos– sí incluirá el nombre de las víctimas.

“Todas las personas que quieran ir a anotar el nombre de su víctima. Lo pueden ir a hacer. Nosotros, como no tenemos ese listado (del total de víctimas de la violencia en el sexenio), ni creo que nadie lo tenga, cada quien es libre de ir y poner, en esas placas, el nombre de su víctima, y eso es lo que se va a permitir”, expresó.

Wallace dijo que avala la construcción del memorial alterno, que promueve Sicilia, porque ese tipo de obras ayudan a crear consciencia sobre lo que se ha hecho mal en el país durante los últimos años.

“Creo que es lo más importante, hacer una reflexión como comunidad, como país y como ciudad, de qué significan toda la pérdida de vidas humanas”, indicó Wallace, quien cobró notoriedad en los medios de comunicación en 2005, cuando denunció que había tomado las riendas de la investigación del secuestro de su hijo, Hugo Alberto Miranda de Wallace .

“Nosotros no lo vemos como que sea una de las obras del presidente Calderón. Es una obra de nosotros, los ciudadanos, la cual él se comprometió a entregar”, insistió en la entrevista. “Los apurados somos nosotros porque no queremos que se quede como una obra inconclusa”, o que ocurran irregularidades como con la Estela de Luz, agregó, un monumento por el Bicentenario de la Independencia cuyo costo osciló en los 1,000 millones de pesos.

La fecha límite para concluir el Memorial, dijo Wallace, es el próximo 25 de noviembre. Una semana antes de que el presidente Felipe Calderón concluya su gobierno y Enrique Peña Nieto tome el cargo como jefe del Ejecutivo para el periodo 2012-2018.

“Una fosa común”

Sin un registro puntual sobre las víctimas de la violencia, en el que se cuente a la sociedad en qué circunstancias murieron, o cómo ocurrió su desaparición, la construcción que se realiza a un costado del Campo Marte se parece más a una “fosa común”, dijo a CNNMéxico Eduardo Vázquez, de la Comisión de la Memoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Un elemento “fundamental” para darle legitimidad a la obra, consideró Vázquez, era elaborar un censo previo, en el que se registrara el nombre de todas las víctimas, no solo de aquellos que murieron a manos de los grupos criminales, sino también de los mexicanos que han perecido por la acción de la fuerza del Estado.

Uno de esos casos, recordó, es el de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, quienes murieron la madrugada del 19 de marzo de 2010 en un enfrentamiento entre militares y  presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en la capital de Nuevo León.

Pero el gobierno federal y algunas organizaciones sociales, expresó Vázquez,  decidieron respaldar una “escultura” donde “habitará el olvido”, cuya apuesta es la desmemoria. “Desconocemos absolutamente el ejercicio estético que se hace en un campo militar. Eso no abona a la reconciliación”, recalcó el activista.

De entrada, apuntó Vázquez, es un despropósito querer construir un memorial que apueste por la paz  en “territorios de un campo militar dedicado a Marte, dios de la guerra”.  Y a eso se suma que la construcción no contó con un proceso social previo, en el que toda la ciudadanía aportara ideas sobre sus características, dijo.

“Un mapeo de la impunidad”

Como parte del proceso para construir un memorial alterno, además de buscar recursos en la sociedad, el Movimiento por la Paz trabaja en una base de datos en la que se cuente la historia detrás de las víctimas de la violencia, y no solo se les considere como una cifra más.

Roberto Villanueva, coordinador de Documentación de ese grupo ciudadano, dijo a CNNMéxico que en diciembre presentarán un informe con los casos de víctimas de la violencia que lograron documentar en las caravanas que realizaron en el sur y el norte de México, y en Estados Unidos durante este año.

Esos recorridos, contó Villanueva, han permitido al MPJD hacer un “mapeo de la impunidad”, porque en la mayoría de los casos no se ha hecho justicia.

Otro punto que resalta en la investigación, comentó el activista, es el hecho de que la mayoría de los afectados por la violencia son jóvenes de entre 20 y 35 años de edad.

Villanueva explicó que sus cifras estarán sustentadas en los diálogos que han tenido con ciudadanos en todo el país, porque las autoridades no se han preocupado por recopilar y difundir datos precisos. “Hay una gran desorganización en materia de información, de acceso al información, por parte del Estado”, consideró.

“Un espacio de reconciliación”

En diciembre de 2010, Miranda de Wallace solicitó en primera instancia al presidente Calderón que se construyera un memorial. Meses después, en junio de 2011, Javier Sicilia insistió en la idea de llevar a cabo la construcción.

Calderón se comprometió a otorgar recursos y un terreno para la obra. Entonces comenzaron las pláticas entre organizaciones sociales y el gobierno federal, para diseñarlo. El Movimiento por la Paz planteó un proceso largo de reflexión sobre la obra, en el que participaran organismos sociales y ciudadanos de todo el país.

Pero tanto el gobierno federal como la organización de Miranda de Wallace estuvieron en desacuerdo con que se demorara tanto el inicio de la construcción. Así que Sicilia y el resto de los representantes del MPJD optaron por retirarse de la mesa de negociaciones.

“No se puede pasar de un sexenio a otro, con un proyecto de esta magnitud”, los tiempos no alcanzaban, comentó a CNNMéxico Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima).

En el tema de la ubicación del Memorial, Herrerías Guerra aceptó que la cercanía con instalaciones militares no es ideal, aunque también “aporta a la reconciliación”.

“Sabemos que hay víctimas civiles, pero también sabemos que entre las víctimas hay policías, militares, marinos, policías municipales. Hay víctimas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a la policía, en los tres niveles de gobierno”, recordó la funcionaria.

“Sabemos que ese terreno perteneció al Ejército, sí, lo sabemos, sin embargo, ese espacio va a pasar a Províctima, o ahora que pase el cambio de gobierno, a la institución que atienda a víctimas”, detalló.