Una huelga deja sin clases a más de 14,000 universitarios en el DF
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha estado cerrada más de 70 días por un conflicto protagonizado por los dos únicos rectores que ha tenido la universidad en sus casi 12 años de existencia. Esther Orozco y su predecesor, Manuel Pérez Rocha, se acusan mutuamente de asuntos que van desde el manejo opaco de los recursos financieros de la universidad hasta aspectos del modelo educativo.
Orozco acusa de la inestabilidad a un “grupo pequeño” de casi 100 profesores y 80 alumnos disidentes que vincula a la corriente política del exjefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que impulsó la fundación de la universidad durante su gobierno. La universidad tiene una planta académica de 873 profesores que atiende a 14,800 alumnos en cinco planteles. Unos 938 trabajadores administrativos también resultan afectados por el paro.
“Este grupo (disidente) tiene intereses clarísimos, por eso atacan al consejo universitario y a la rectoría, para cambiar la cabeza (la rectoría) y tener el control de la universidad por cuestiones políticas”, declaró la investigadora a CNNMéxico.
Según Orozco, el bloqueo presiona en las vísperas de la transición en el gobierno de la ciudad para ocupar “posiciones” en la universidad, que aunque es autónoma, el total de su presupuesto proviene de la administración pública.
El exrector Pérez Rocha, por su parte, atribuye el conflicto a problemas administrativos como el nombramiento de puestos directivos y el manejo de los recursos financieros. Sin embargo, también reconoció un elemento político al señalar que es consecuencia de una confrontación entre el jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, y su predecesor, López Obrador .
Pérez Rocha dijo que existe “una campaña fuertemente dirigida por los partidarios de Ebrard” para desprestigiar a López Obrador, que se acentuó cuando ambos contendieron por la candidatura presidencial de los partidos de izquierda, a fines de 2011. Durante esa contienda, Orozco expresó públicamente su respaldo a Ebrard, en cuyo gobierno fue directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF).
“Una manera de apoyar a Ebrard era debilitar a López Obrador y debilitarlo era afectar a la universidad, que era una de sus contribuciones a la ciudad”, dijo Pérez Rocha a CNNMéxico. Desde su fundación, la universidad había sido señalada por López Obrador como un ejemplo de la política educativa que seguiría en caso de llegar a la presidencia.
El cambio de administración en el gobierno del Distrito Federal ocurrirá el 5 de diciembre próximo, cuando Marcelo Ebrard entregue el mando al jefe electo, Miguel Ángel Mancera , quien fue postulado al cargo por el mismo partido político, el PRD.
Un origen cuestionado
En abril de 2001, López Obrador firmó el decreto de creación de la UACM como una institución que ofreciera un lugar a cualquier estudiante con el bachillerato terminado, sin presentar examen de admisión, bajo el argumento de que la educación superior es un derecho para toda la población.
Bajo este modelo, la universidad registró en sus primeros nueve años unos 10,000 alumnos, de los cuales menos de 50 se titularon en casi 10 ingenierías y licenciaturas. En la nueva administración, que inició en mayo de 2010, más de 400 estudiantes se titularon y se sumaron siete licenciaturas.
Para Manuel Pérez Rocha, medir el modelo educativo bajo criterios “rígidos”, como el número de egresados o licenciaturas “en ocasiones va en contra de la solidez de la formación” y “no tiene ningún sentido pedagógico”.
El exrector aseguró que el aumento reciente de titulados es un “dato tramposo” porque los estudiantes “no hicieron su carrera en dos años”.
La universidad inició sin normatividad interna y funcionó así durante los primeros cuatro años, hasta que en 2005 recibió su autonomía de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, integrada en su mayoría por miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Consejo Universitario, el detonante
El conflicto inició después del 14 de agosto de este año, cuando se realizaron elecciones para configurar al nuevo Consejo Universitario, el máximo órgano de toma de decisiones en la universidad.
Un grupo de consejeros que resultó electo acusó a la rectora de negarles su triunfo e imponer ilegalmente a los nuevos miembros.
Las irregularidades en la elección del consejo fueron reconocidas por organismos externos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), cuyo presidente es designado por la Asamblea Legislativa, emitió a fines de septiembre una recomendación por violaciones de la comunidad universitaria en el proceso electoral.
El gobierno de la ciudad recomendó en noviembre “reponer el proceso electoral, dejar sin efecto las impugnaciones y realizar nuevas y expeditas elecciones”.
Los inconformes con el nuevo consejo iniciaron el 28 de agosto la toma gradual de los cinco planteles de la universidad. La última ocupación ocurrió el jueves pasado, cuando un grupo de personas irrumpió en las instalaciones administrativas y desalojó a los trabajadores y a la rectora Orozco, quien acusó “lujo de violencia” por parte de los agresores.
La integración del Consejo Universitario es la causa del conflicto, y una convocatoria a nuevas elecciones es el “único requisito” para su solución, aseguró Pérez Rocha, ingeniero con estudios en Planeación en Educación. “Depende única y exclusivamente de ella (la rectora)”, señaló.
Orozco descartó las acusaciones de “autoritarismo” que los huelguistas le han dirigido, argumentando que su “formación como científica” la obliga a ser autocrítica. “A mí nadie me ha dicho nunca que soy autoritaria (además de los huelguistas). Tienen que presentar los elementos para sustentar los adjetivos”, afirmó la doctora en ciencias y ganadora en 2006 del reconocimiento La mujer y la ciencia, otorgado por L’Oréal y la Unesco.
Pugna por el presupuesto
En sus primeros 10 años, la universidad recibió unos 5,500 millones de pesos de presupuesto, según evaluaciones internas. Para su funcionamiento en 2012 le fueron asignados 1,005 millones, de los cuales el gobierno local aportó 855 y el federal 150, según cifras de la Secretaría de Educación Pública federal.
El Consejo Estudiantil de Lucha (CEL), que representa a los huelguistas, acusa a la rectora de no transparentar el uso de una parte de los recursos recibidos en los últimos dos años (250 millones) y proponen auditar su gestión. En tanto, Orozco ha responsabilizado a su predecesor de las carencias presupuestales.
La rectoría y los huelguistas negocian un fin al conflicto acompañados por representantes del gobierno de la ciudad y de la Asamblea Legislativa.