Siete implicados en incendio al Royale reciben sentencias de 75 a 100 años
Siete integrantes del grupo criminal Los Zetas implicados en el incendio al casino Royale, donde murieron 52 personas en agosto de 2011, fueron sentenciados a entre 75 y 100 años de prisión, confirmó una fuente judicial a CNNMéxico.
El juez primero penal de Monterrey estableció una pena de 100 años para Julio Tadeo Berrones Ramírez, considerado reincidente ya que estaba en libertad condicional cuando ocurrió el ataque, informó el secretario del juzgado.
Los otros seis acusados recibieron una sentencia de 75 años. Entre ellos están los responsables de haber incendiado el casino porque el dueño se negó a pagar una extorsión de 130,000 dólares exigida por Los Zetas.
“Esperamos que Dios los perdone”, dijo a CNNMéxico Sámara Pérez, madre de un joven que murió en el incendio y portavoz de las víctimas del Casino Royale, tras conocer la sentencia contra siete de los implicados.
“Se está actuando conforme a Derecho”, agregó Pérez, y destacó que por lo menos ahora hay una condena que intenta reparar los daños causados a las 52 familias que perdieron a sus seres queridos.
En el atentado ocurrido el 25 de agosto de 2011 participaron alrededor de 25 personas, incluidos cuatro zetas que controlaban la zona metropolitana de Monterrey.
Otros 20 sospechosos esperan sentencia en juzgados de Nuevo León y fuera del estado. Dos ya fallecieron, entre ellos Francisco Medina Mejía, El Quemado, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército mexicano en Nuevo Laredo.
El 25 de agosto de 2011 , integrantes de Los Zetas rociaron el casino Royale con gasolina y le prendieron fuego; varios clientes y empleados quedaron atrapados.
Según las investigaciones, la mayoría de las 52 víctimas murieron intoxicadas.
Después de la tragedia, dueños de otro casino, el Red, denunciaron extorsión por parte de las autoridades locales y se difundió un video que mostraba a Jonás Larrazabal —hermano del entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal— recibiendo dinero al interior de una casa de juegos.
Desde el incidente, los familiares de las víctimas y otros miembros de la sociedad civil han protestado por la violencia en el estado.
