Después de seis meses de controversia, se publica la Ley de Víctimas
La Ley General de Víctimas fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), casi seis meses después de que el expresidente Felipe Calderón la rechazara y presentara una controversia constitucional para exigir cambios.
El exmandatario federal (2006-2012) se negó a promulgar la ley en 2012 bajo el argumento de que necesitaba ser modificada por el Congreso porque no elevaba a rango constitucional la responsabilidad de los estados y los municipios para atender a las víctimas de la violencia.
Pero el pasado 1 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto la consideró adecuada, aunque “perfectible”, para comenzar a atender a las víctimas. Es mes, el mandatario anunció que el gobierno desistiría de la controversia constitucional interpuesta por Calderón en julio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y expresó su disposición a participar “de manera inmediata en el diálogo social y político” para mejorarla.
La ley —que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación— comenzó a redactarse tras las reuniones de víctimas de la violencia con el presidente Calderón en junio de 2011 y con legisladores un mes después, cuando se exigió tener una legislación que garantizara la atención y protección de los afectados por la inseguridad en el país.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad indicó que el documento se redactó con base en una propuesta de los coordinadores del Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones; Acción Nacional (PAN), José González Morfin; y de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete; en funciones en la anterior Legislatura.
La iniciativa se presentó en el Senado en abril de 2012 para establecer la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares con una compensación de hasta 900 mil pesos. Además, contempla la creación de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
También incluye una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se encargará de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para los afectados por la violencia, de llevar un Registro Nacional de Víctimas y de la coordinación de la asesoría jurídica para éstas.
Estas dependencias formarán parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La Organización de las Naciones Unidas celebró este miércoles la promulgación de la Ley, una norma que considera necesaria para proteger a las víctimas del delito, indicó la oficina para los Derechos Humanos (ONU-DH) de México en un comunicado.
“Es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos”, dijo el representante en México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
“La norma es fruto de un esfuerzo sostenido en los últimos años desde distintos ámbitos sociales y políticos, cuya dinámica fundamental alcanzó factibilidad gracias a la reforma constitucional en Derechos Humanos, en vigor desde julio de 2011”.
La última cifra oficial sobre personas que murieron en actos violentos del crimen organizado se dio a conocer en enero del año pasado, cuando la Procuraduría General de la República informó que se habían registrado 47,515 muertos de diciembre de 2006 a septiembre de 2011.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó en noviembre del año pasado que el gobierno federal había dejado de actualizar la cifra de muertes relacionadas con el crimen y que solo estaban obligados a dar datos de los homicidios dolosos cometidos, los cuales de enero de 2011 a junio de 2012 fueron 33,091.
Jesús Murillo Karam, quien fue nombrado procurador por Peña Nieto y ratificado por el Senado en diciembre pasado, dijo en diciembre, en entrevista con MVS Radio, que se calcula que los muertos del sexenio pasado suman 70,000 más 9,000 cuerpos sin identificar.
Organizaciones civiles como el Movimiento por la Paz indican que la cifra de fallecidos es de unos 85,000. En tanto, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. publicó el mes pasado que, según una base de datos obtenida por el diario L.A. Times a través de una fuente de la PGR, los desaparecidos en el país son 20,851.