El PRI impugna que los mandos de seguridad deban ser ratificados
La bancada del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) algunos puntos de la reforma a las secretarías de Estado, que impusieron a dos mandos de seguridad la obligación de ser ratificados por el Senado.
La acción de inconstitucionalidad contra esos aspectos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es respaldada por 172 diputados y fue entregada a la SCJN el 17 de enero, según la lista de notificaciones publicada en la página web del máximo tribunal de México.
La mayoría de los diputados que apoyan la impugnación corresponde al PRI, aunque también lo hicieron algunos de su aliado tradicional, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El documento fue turnado a uno de los ministros para su análisis, que puede durar varios meses. En este caso, la revisión fue encargada al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Antes de asumir la presidencia el 1 de diciembre, el priista Enrique Peña Nieto entregó a los legisladores de su partido una iniciativa de reforma a las secretarías de Estado . Entre otros puntos, en ella planteaba que la Secretaría de Gobernación (Segob) absorbiera a la de Seguridad Pública (SSP) y crear el cargo de comisionado nacional de seguridad.
La reforma fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso a finales de 2012, pero las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) —principales fuerzas de oposición— lograron incluir la obligación de que el comisionado y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) deban ser ratificados por el Senado .
Panistas y perredistas argumentan que esa medida busca establecer un “control” del Poder Legislativo para vigilar quiénes son los funcionarios que llegan a esos cargos y, de esa manera, evitar posibles abusos en la aplicación de la política de seguridad.
El PRI considera que esa medida viola la Constitución y había advertido que trataría de invalidarla.
El diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza dijo la semana pasada a CNNMéxico que la Carta Magna no da al Senado de la República la facultad expresa para ratificar a esos funcionarios.
Para que una acción de inconstitucionalidad sea aprobada y la norma impugnada pierda vigencia, requiere los votos de al menos ocho de los 11 ministros de la Corte.
Las leyes mexicanas establecen que no se suspende la aplicación de una regla mientras se resuelve su impugnación, lo que significa que el Senado podría empezar desde ahora el proceso para ratificar a quienes Peña Nieto proponga como comisionado nacional de seguridad y titular del SNSP.
Para el primer puesto, Peña Nieto propuso a Manuel Mondragón y Kalb , exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De ser ratificado, Mondragón tendría mando sobre la Policía Federal, los penales federales y la base de datos conocida como Plataforma México. El presidente aún no ha hecho pública su propuesta para encabezar el SNSP.