La reforma en telecomunicaciones ¿una discusión legal o viciada?

La revisión de la reforma en telecomunicaciones inició esta semana en el Senado mexicano en medio de una polémica legal, en la que legisladores y especialistas en derecho parlamentario difieren sobre si el proceso ha seguido o no el reglamento de la Cámara alta, y si las fallas en el procedimiento harían impugnable la reforma.

El documento llegó al Senado el 2 de abril , cuando la Mesa Directiva, que preside Ernesto Cordero, del Partido Acción Nacional (PAN), lo turnó a seis comisiones: cuatro para dictaminación (Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos) y dos más sólo para emitir su opinión (Gobernación y Justicia). 

En el artículo 178, sin embargo, el reglamento del Senado señala que las iniciativas se podrán turnar para dictamen a un máximo de tres comisiones, lo que ha generado dudas en torno a la validez de la decisión que tomó la Mesa Directiva.

Los senadores afirman que la medida fue legal, aunque algunos juristas consultados por CNNMéxico consideran que violó el reglamento del Senado y, aunque no invalida en automático toda la dictaminación que está en marcha, da pie a eventuales impugnaciones ante los tribunales.

"Yo creo que el reglamento es muy claro al decir que para efectos de dictamen se turna a dos comisiones, incluida posteriormente la de Estudios Legislativos", dijo María Solange Maqueo, profesora de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

"Creo que el problema real es discutir si la violación a esta disposición reglamentaria afecta o no a tal grado el procedimiento, que quedaría invalidada la resolución o el dictamen que se llegase a presentar", agregó la académica.

El consultor Francisco Burgoa coincidió en que la decisión de la Mesa Directiva introduce "vicios" a la revisión del documento. Señaló que los opositores de la reforma podrían utilizar este hecho para impugnarla ante los tribunales.

Cuestionado al respecto, Cordero declaró a periodistas la semana pasada que la medida se justifica porque los temas que incluye la iniciativa involucran a más de tres comisiones. 

"El que se turne a cuatro comisiones no es algo nuevo en el Senado de la República. Cuando a consideración de la Mesa Directiva la competencia directa es de varias comisiones, se le concede el turno dictaminador a más de tres comisiones. (…) Estamos actuando con estricto apego a la legalidad", dijo.

El panista citó como ejemplos los casos de las reformas a la Ley General de Víctimas y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que también fueron dictaminadas por cuatro comisiones.

Alejandra Barrales, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, respaldó la afirmación de Cordero argumentando que otros artículos del reglamento —el 177 y el 181— permiten que más comisiones revisen un documento en algunos casos. 

"(Esos artículos) habilitan al presidente durante una sesión de pleno a la ampliación de turno para otras comisiones adicionales a las establecidas, cuando lo considere pertinente para mejor estudio y dictaminación de la iniciativa", dijo Barrales en entrevista. 

El artículo 177 del reglamento indica que el Senado podrá modificar a qué comisiones será enviada una propuesta "siempre y cuando exista causa justificada para ello", en tanto el 181 señala que la ampliación podrá ocurrir cuando el tema lo requiera. Ninguno de los artículos detalla el número de comisiones que podrán intervenir en una revisión.

El artículo 178 dice que "para efectos de dictamen, las iniciativas y proyectos se turnan hasta a dos comisiones, adicionales a la de Estudios Legislativos que corresponda".

La posible violación al reglamento del Senado no invalida por sí sola la dictaminación que está comenzando, porque puede considerarse una falta "formalista", no de fondo, que por ende no vulnera en automático los principios que debe seguir el Congreso de la Unión en la revisión de iniciativas, señalaron los especialistas. 

Esos principios son el de publicidad en las deliberaciones y votaciones y el de igualdad en la participación de todos los legisladores.

"Enviar a una comisión adicional no se me hace que vaya a ser ni que sea un vicio que después pueda poner en entredicho el resultado final, la reforma constitucional", dijo César Astudillo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Las posibles impugnaciones

Esta posible falta podría dar pie a que los opositores a la reforma la impugnen  amparándose en que hubo "vicios" durante su aprobación.

"Sí podría haber una impugnación argumentando precisamente el artículo 178, que sí se incumplió una norma de carácter reglamentario", dijo Maqueo.

De concretarse, la iniciativa afectaría a los grandes concesionarios del país porque plantea acciones para abrir la competencia en radio, televisión, telefonía e internet, así como limitar los porcentajes de mercado que podrán controlar las empresas. Hasta ahora, algunas compañías han asegurado públicamente que están a favor de la aparición de más competidores.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó la propuesta al Congreso con el apoyo de los principales partidos y el documento quedó aprobado a finales de marzo en la Cámara de Diputados.

La aprobación se dio luego de varios días de negociaciones entre las fuerzas políticas y de que algunos legisladores acusaran supuestas presiones de empresarios del sector, a fin de que avalaran una legislación que les fuera favorable.

Si la reforma es impugnada, los tribunales tendrían que determinar si el proceso que llevó a su aprobación fue legal o no. 

"Hay que ver la pulcritud con que se va a desarrollar el proceso", dijo Astudillo.

"Todavía queda mucho camino por recorrer, y como puede haber total pulcritud en el manejo de la iniciativa, puede haber obstáculos o tropiezos que al final les quede a algunos la sensación de que es una reforma con vicios de procedimiento, y en ese sentido, que puedan estos vicios ser revisados por un tribunal", agregó. 

Las cuatro comisiones dictaminadoras tienen previsto realizar esta semana audiencias públicas con especialistas y funcionarios del sector, para elaborar durante la siguiente el dictamen que será sometido a votación en el pleno.

Al implicar cambios a la Constitución, la reforma no sólo requiere de la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, sino la de más de la mitad de los poderes legislativos locales.