Una de cada 3 mujeres que interrumpe su embarazo en el DF es ama de casa
Una de cada tres mujeres que se practica una Interrupción Legal del Embarazo en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal es ama de casa, y en cuanto a nivel de estudios, el máximo es de secundaria.
Este 24 de abril se cumplen seis años de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país. Desde entonces, 5,925 mujeres han interrumpido su embarazo en los servicios públicos de salud de la capital del país, y 150,000 lo han hecho en alguna clínica privada, lo que equivale a un promedio de 71 interrupciones al día desde abril de 2007.
Todas las interrupciones se realizan con medicamentos, sin necesidad de intervención en quirófano, dijo el secretario de Salud, Armando Ahued en entrevista con CNNMéxico.
“Antes (de la despenalización) las mujeres llegaban a mis hospitales (sic) perforadas, infectadas, desangradas y muriéndose por haber practicado un aborto clandestino. Ahora se acabó el aborto clandestino en la Ciudad de México”, dijo en entrevista el Secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega.
De cada 10 mujeres que interrumpen su embarazo en clínicas públicas del Distrito Federal, tres son de otras entidades federativas, según cifras de la Secretaría de Salud local.
En clínicas privadas, como la red de Marie Stopes México, una organización fundada en Gran Bretaña y que ofrece servicios de salud reproductiva e interrupciones de embarazo en varias ciudades de mundo, el 42% de las consultas son para mujeres de otras entidades.
Un tema de justicia social
18 de los 32 estados de México han aprobado reformas que protegen la vida desde la concepción o la fecundidad; en algunos de ellos, como Hidalgo y Guanajuato, se castiga con cárcel a quienes abortan.
Entre 2009 y 2011, 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto en el interior de la República, según un informe no oficial de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
María de la Luz, de 34 años es una de ellas. El 23 de febrero de 2012 tuvo un sangrado que la llevó a la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tizayuca, Hidalgo, de donde salió cuatro días después para ser trasladada directamente a un penal de esa región, acusada de tentativa de homicidio.
“Fue un sangrado involuntario. La única prueba que tienen de que intenté abortar es que mi hijo está junto a mí y nació bien, pero me tacharon de asesina”, dijo a CNNMéxico.
La mujer, madre de seis hijos, considera “injusto que la ley diga que hiciste algo y te acuse, que no te proteja cuando para eso debería ser”.
El 16 de abril pasado, Luz contó que cumplía doce días de haber sido absuelta del cargo por falta de pruebas, aunque reconoció que “su calvario” todavía no termina, pues el Ministerio Público acaba de presentar una impugnación a la decisión del juez.
“Quiero dejar esto atrás, disfrutar de mi libertad, a mi bebé, a mi familia y olvidar el daño que me hizo estar en prisión porque me acusaron de abortar. Quiero que las leyes de Hidalgo no estén podridas y no hagan daño a las mujeres”.
En el informe de GIRE, se señala que tener una legislación por cada entidad hace que “el acceso al aborto sea un tema de justicia social y de discriminación de género”.
Según el reporte Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México presentado este mes por GIRE, sólo las mujeres con recursos económicos e información pueden viajar al DF para practicarse un aborto sin el riesgo de ser perseguidas por cometer un delito o realizarlo en condiciones precarias.
Aunque no existen cifras oficiales sobre los abortos clandestinos en el país, GIRE estima que 159,000 mujeres acudieron en 2009 a un hospital por complicaciones en abortos inseguros.