Periodistas mexicanos preparan marcha en contra de asesinatos y amenazas

Organizaciones y periodistas alistan una marcha para este domingo 28 de abril en el centro de la Ciudad de México para protestar en contra de los casos de asesinato, desaparición y ataques a periodistas y medios de comunicación en el país.

Los comunicadores esperan reunirse en diversas ciudades del país, como el Distrito Federal y Xalapa para exigir a las autoridades que resuelvan los casos de ataques a sus compañeros, pero también que exista una efectiva protección a la prensa cuando realiza su trabajo informativo.

Para Omar Rábago, integrante de Artículo 19, una de las organizaciones que convocan a la manifestación, el gobierno aún no ha ejercido los mecanismos que tiene para la protección de la prensa, por lo que la organización aún no observa una respuesta del Estado.

“Falta mucho camino. A las autoridades les hace falta mucha preparación, capacitación, reconocimiento del problema, conocimiento de los casos y el entorno en general para darle una respuesta apropiada”, dijo a CNNMéxico.

Artículo 19 ha registrado un 20% de incremento en las agresiones a periodistas y medios de comunicación en estos primeros tres meses del año bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto comparados con el mismo periodo del año pasado, con el mandato de Felipe Calderón.

“En realidad el caso de las agresiones contra periodistas vienen desde 2006, el punto más grave, y hasta la fecha no hemos visto resultados o una prueba fehaciente del Estado que muestre su preocupación para atender este problema”, explicó.

Y además de la impunidad del gobierno, Rábago afirma que la sociedad mexicana es “la parte fundamental que ha faltado para exigir el libre ejercicio de la prensa”, por lo que espera que haya integración social en manifestaciones como la del domingo.

“Este actor siempre se ha quedado muy al margen. Buscamos despertar y hacer un llamado a la sociedad en general para que también se sume y que vea que si se mata a un periodista se está vulnerando su derecho a recibir la información”, dijo en entrevista.

Según dijo la organización internacional Freedom House el pasado 19 de abril, en el país se han contabilizado 36 ataques a la prensa desde el pasado 1 de diciembre , cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de México.

A ellos se le suma el más reciente caso que se dio a conocer esta semana. El reportero gráfico Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa , del periódico Vanguardia de Coahuila, apareció sin vida y con muestras de haber sido mutilado junto a otro joven en el centro de Saltillo.

Luego de que la Procuraduría de Coahuila identificara los cuerpos, el procurador Homero Ramos Gloria dijo, a unas pocas horas de ocurrir el crimen, que la investigación había determinado que las víctimas “tenían relación de alguna manera” con el grupo criminal Los Zetas.

La declaración provocó el rechazo del propio periódico y organizaciones internacionales de protección a periodistas quienes repudiaron que las autoridades adelanten juicios que revictimizan a las personas agredidas y sus familiares, además de que exigen justicia clara.

Además, la protesta está enmarcada por el primer aniversario del asesinato de la periodista Regina Martínez , quien hace un año fue hallada muerta en su casa en el estado de Veracruz, una entidad con problemas de agresiones a la prensa que ha visto el aumento de casos desde 2010.

La periodista Marcela Turati, quien en febrero ganó un premio de la Universidad de Harvard por su trabajo sobre la víctimas de la violencia , consideró que el país vive un momento “muy complicado” en el cual se han incrementado las agresiones a la prensa, dijo a CNNMéxico.

“Creemos que es un momento muy importante para unirnos y manifestarnos en contra de esta situación para que haya justicia, que no haya impunidad por los compañeros que han sido amenazados o desaparecidos”, dijo sobre la marcha de este domingo.

Dijo que además de los grupos del crimen organizado que amenazan a periodistas, son los gobiernos estatales, municipales y de las policías las principales fuentes de amenazas, a lo que se le suma que la prensa no se ha reivindicado con la sociedad.

“La sociedad ha estado apática, pero ahí es culpa compartida. No hay una conciencia de para qué sirve la prensa, los periodistas. Pero también hay una muy mala fama del gremio en algunas ciudades y en algunas sociedades porque sienten que la prensa está vendida y es algo a cambiar.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había contabilizado 82 asesinatos de periodistas entre 2005 y 2012, hecho que alarmó a Naciones Unidas, que consideró a México como un país riesgoso para ejercer el periodismo a niveles de otros países en guerra.

El reclamo internacional

Diversas organizaciones internacionales de protección a la prensa han emitido declaraciones en las que llaman al gobierno mexicano a proteger a los periodistas y medios de comunicación en México frente a los múltiples casos que surgen, según dijeron de forma separada.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió una investigación "exhaustiva y efectiva" para dar con los asesinos de Daniel Martínez Balzaldúa y rechazó la criminalización que arguyó la fiscalía local sin realizar una investigación.

A la petición de justicia se sumó la organización Artículo 19, que la semana pasada también denunció amenazas contra su personal en su oficina de México. Dijo que la fiscalía de Coahuila revictimiza a los familiares del fotoperiodista y se vulnera su "derecho a la honra y el buen nombre” al presumir su relación con criminales.

A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el crimen y pidió una "profunda, seria y profesional” investigación para "conocer los móviles y señalar y castigar a los responsables", según dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, a la agencia Notimex.

Más mecanismos de protección

El Congreso concluyó este jueves la aprobación de una ley que faculta a la fiscalía federal para atraer todos los delitos que tienen como víctima a periodistas y medios de comunicación, reformando la ley anterior que hacía que el ministerio público local se encargara de ello.

La medida establece que las penas contra quienes ataquen a la prensa se incrementarán en un tercio a la ya establecida, pero incluso puede tener una mitad más cuando se trate de mujeres víctimas, o que el delito haya sido cometido por un servidor público.

Una vez promulgada, el Ministerio Público Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán la facultad de atraer todos los casos de ataques a comunicadores y medios que surjan en el país, y los jueces federales tendrán nuevas disposiciones para castigarlos.

Las modificaciones en las leyes se suman a las que ya había promulgado el año pasado el entonces presidente Felipe Calderón en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas .