Los gobernadores reciben recursos del programa de prevención del delito
En manos de los mandatarios estatales está desde este miércoles el control de 1,750 millones de pesos para aplicar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en las zonas con los índices más altos del país.
Los gobiernos de cada entidad federativa podrán disponer del dinero, aunque será hasta este lunes 20 de mayo cuando la Secretaría de Gobernación dé a conocer cuánto tendrá disponible cada gobierno para evitar el crimen en las zonas violentas y qué acciones se aplicarán según las características de cada región.
“Estamos construyendo un traje a la medida para cada demarcación. Habrá una evaluación general del programa en un año y un esquema de seguimiento por lo menos cada tres meses”, dijo a CNNMéxico Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
En febrero pasado el gobierno federal anunció que la política de seguridad contaría con un plan de prevención de la delincuencia que en una primera etapa se aplicaría en 57 demarcaciones, que incluye dos delegaciones de la capital del país y siete zonas metropolitanas en las 32 entidades del país.
Tras haber completado el diagnóstico para identificar a las zonas más violentas dentro de esos municipios, este mes se entrega el 70% de los 2,500 millones de pesos que aprobó el Congreso para la prevención de la delincuencia en todo el país y se comienzará a trabajar en las cuatro estrategias de alcance nacional contra la violencia, y el resto se entregará en septiembre, explicó Campa.
La población objetivo de esos planes son los jóvenes y mujeres que viven en las colonias señaladas como las más violentas, con quienes se trabajará en talleres de prevención de la violencia en el entorno escolar o bullying, con programas contra las adicciones, de violencia familiar, género y en el noviazgo; y en la detección de problemas de aprendizaje y conductuales.
Evaluaciones y blindaje electoral
Roberto Campa explicó que la principal evaluación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia estará en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ese organismo autónomo definirá si las acciones de la estrategia contribuyen o no a la reducción y prevención de la violencia en el país con la medición de indicadores como la percepción de la seguridad pública y personal, robos u homicidios dolosos.
“El INEGI será quien tenga la responsabilidad de evaluar los indicadores que vamos a usar. Vamos a tener un juez muy duro, pero de esta forma vamos a saber si los controles que vamos a tener realmente inciden para reducir la violencia y los que realmente incidan los vamos a fortalecer”, dijo Roberto Campa.
El subsecretario explicó que el programa cuenta con reglamentos vinculados a lo acordado entre partidos políticos y el gobierno federal para evitar el uso de recursos federales con fines electorales.
Pero además, dijo Campa, la tercera semana de mayo se harán públicos los criterios de entrega de recursos para evitar algún desvío sin dar más detalles de las acciones para blindarlos.
“Las autoridades han entendido que el problema que tenemos en seguridad es suficientemente grave como para que le metamos además este ingrediente de politizar las cosas y creo que esto ha ayudado para que nos conduzcamos todos con las características que necesitan”, aseguró el funcionario.
El 7 de mayo pasado, Peña Nieto firmó junto con los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho; de Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero; y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, nuevos compromisos del Pacto por México para blindar los programas sociales del uso electoral para los comicios de julio próximo, entre los que se incluye la promesa de sancionar a funcionarios que incurran en ese delito y la creación de comisiones para investigarlos de inmediato.
Aunado a los recursos de prevención aprobados por el Congreso, las entidades y zonas violentas también recibirán una inversión de 115,000 millones de pesos que serán ejercidosy administrados directamente por las secretarías de Estado vinculadas en el programa y no por sus gobernadores.
Además de Gobernación, en este programa de Prevención participan la secretaria de Hacienda, de Educación, de Salud, la de Desarrollo Social, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Economía, la de Trabajo y de Comunicaciones y Transportes.
Deserción escolar y problemas de vista
“Una de las acciones primordiales es el esfuerzo para bajar la deserción escolar. Un niño que sale a la escuela va a la calle y no tiene posibilidad de trabajar se convierte en una presa de la delincuencia. Uno de los motivos por los que hay deserción escolar es que hay problemas de aprendizaje relacionados a problemas de vista, niños que no ven bien”, detalló el subsecretario de Gobernación.
Una de las metas para esa estrategia nacional es que para el arranque del próximo ciclo escolar en agosto, el 100% de los niños que asisten a escuelas públicas de educación básica en las colonias del Programa hayan recibido atención médica para definir sí tienen algún problema en la vista.
Según Campa, eso implica que 5.5 millones de menores del país hayan acudido a un oftalmólogo para definir sí necesitan lentes y que el gobierno federal los entregue a quienes necesita.
El subsecretario asegura que el objetivo es que al concluir la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018) todos los niños de educación básica hayan sido beneficiarios de este programa.
Para Peña Nieto, con estas cuatro estrategias nacionales se combatirán “las causas estructurales y los factores de riesgo para revertir las condiciones sociales, económicas y culturales que propician la violencia y el delito”, según dijo en febrero pasado.
